La nueva demarcación judicial del Gobierno encuentra oposición en las ciudades

El alcalde de Santiago de Compostela, Ángel Currás (PP), se ha mostrado dispuesto este lunes a hablar «con el Gobierno central y con quien sea» para defender la demarcación judicial y que «no se lesionen» los intereses de la capital gallega.
Así lo ha manifestado, en declaraciones a los medios tras la reunión del consejo de administración del Consorcio de Santiago, en una rueda de prensa en la que ha señalado que el partido judicial de Santiago abarca 26 municipios y 274.000 habitantes.
Del mismo modo, el regidor compostelano ha enfatizado que la demarcación tiene una carga de litigiosidad importante y que, por tanto, «está bien dimensionada».
Al margen, ha señalado que el partido judicial de Santiago es un «dinamizador económico» de la capitalidad y ha insistido en que está constatado que su dimensión es «adecuada».
«Quiero conocer el alcance de la medida para después pronunciarme al respecto, pero no vamos a apoyar ninguna decisión que no defienda los intereses de Compostela», ha comprometido, ante la ley estatal de reforma de los partidos judiciales.
Caballero anuncia una «gran movilización» para exigir que Vigo sea la sede principal del poder judicial de Pontevedra

CABALLERO: «GRAN MOVILIZACIÓN»

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha anunciado este lunes que el Gobierno local promoverá una «gran movilización» para exigir que la ciudad olívica sea la sede principal del poder judicial de la provincia de Pontevedra.
Así, en una rueda de prensa, ha criticado el Anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros, puesto que «relega» a Vigo a «sede desplazada», lo que supondrá «la desaparición del partido judicial» en la ciudad «que más causas genera en Galicia», para su centralización en Pontevedra.
Además, ha señalado que esta reforma produce una situación de inseguridad y que «este modelo uniprovincial no va a funcionar, porque es pretender que Vigo funcione supeditado a Pontevedra». «Es una falta de consideración con la primera ciudad del oeste de España», ha apostillado.
Todos los grupos municipales del Ayuntamiento de Vigo –incluido el Partido Popular– han transmitido su oposición a esta iniciativa. De hecho, el pasado 31 de marzo el pleno acordó por unanimidad instar al Gobierno de España a que retirase esta propuesta de ley para que la ciudad olívica pueda mantener sus órganos judiciales.
«La sede oficial de Pontevedra tiene que ser Vigo y si el proyecto contempla una única sede provincial, tiene que estar en Vigo», ha manifestado el regidor. De esta forma, ha anunciado que el Gobierno municipal propondrá una declaración institucional y enviará cartas «a todos los miembros del poder judicial» y al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo.
Asimismo, hará una ronda de reuniones con los representantes del ámbito judicial para realizar una demanda colectiva; presentará iniciativas en el Congreso de los Diputados, en el Senado, en el Parlamento de Galicia y en la Diputación de Pontevedra; y el alcalde se reunirá con los responsables socialistas en el Congreso.

PP DE VIGO

Por su parte, el Partido Popular de Vigo se ha unido a esta reivindicación y ha asegurado que «agotará todas las vías posibles» para que el anteproyecto de ley sea revisado y el nuevo mapa judicial incluya «una excepción que recoja la singularidad» de la ciudad olívica.
Así, el portavoz del grupo popular, José Manuel Figueroa, ha remarcado que Vigo debe tener un tratamiento «singular» porque «no hay ninguna otra ciudad que no sea capital de provincia que soporte su carga judicial, tanto en número de casos, como en sedes judiciales, en la ratio de asuntos por habitante, y en los porcentajes de procedimientos en comparación con la capital provincial o con otras capitales españolas».
También el Círculo de Empresarios de Galicia ha mostrado su oposición a esta reforma de la ley, ya que considera que «sólo el acercamiento de la administración a los ciudadanos, junto con la dotación de recursos puede contribuir a agilizar la justicia».
A esto ha añadido que, además, «llama la atención la inoportunidad de esta reforma, justo cuando, en Vigo, parece haberse desbloqueado el proyecto de creación de la Ciudad de la Justicia, tan necesaria en un área metropolitana que concentra un ingente volumen de causas judiciales».

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