La sorpresiva imputación de siete concejales de Santiago se convierte en arma arrojadiza de la oposición

Parlamento_pleno_desde posto comentarista TVG

La oposición en el Parlamento de Galicia ha demandado este martes al presidente de la Xunta y jefe de filas del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, que tome medidas ante la situación que vive el Ayuntamiento de Santiago tras la apertura de juicio oral contra siete ediles del grupo de gobierno acusados de prevaricación y que se enfrentan a nueve años de inhabilitación.
Por su parte, el PP, en boca de su portavoz parlamentario, Pedro Puy, ha apostado por esperar a que la Audiencia Provincial decida sobre el recurso presentado por esos concejales que, en Junta de Gobierno, aprobaron que el Ayuntamiento costeara la defensa del responsable municipal de Deportes, Adrián Varela, imputado en la Operación Pokémon por tráfico de influencias, cohecho y falsedad documental.
El primero en abordar este asunto, tras la junta de portavoces, fue Francisco Jorquera (BNG), quien anunció que utilizaría la sesión de control del próximo pleno para preguntar a Feijóo «qué más tiene que pasar» en la capital gallega «para que tome medidas». Y es que, al juicio oral contra esos siete ediles, «10 de los 13» del PP están imputados en alguna o varias causas.
«Esta situación está sumiendo al Ayuntamiento en la parálisis y el descrédito», ha juzgado, y ha recordado que el fiscal superior de Galicia, Carlos Varela, pidió distinguir la responsabilidad penal de la política y alertó de que «un gobierno bajo sospecha desprestigia» a la institución. Por todo ello, el nacionalista ha advertido a Feijóo de que si no toma «medidas contundentes» será «cómplice y encubridor» de la «vergonzosa situación» del Consistorio compostelano.
AGE también interpelará al presidente de la Xunta sobre este asunto para pedir «decencia» al Partido Popular. Cuestionado directamente sobre si debería realizarse una intervención en el Ayuntamiento de Santiago, su portavoz parlamentario, Xosé Manuel Beiras, ha planteado que podría decidirse en base a un acuerdo de la corporación o a través de una consulta popular.

«NO ES CORRUPCIÓN»

Lo que ha rebatido son los argumentos del PP de que «no es corrupción» el caso por el que siete concejales tendrían que sentarse en el banquillo de los acusados. «La jueza debe ser una insensata que está difamando a esas honorabilísimas personas», ha ironizado, y ha evidenciado que «cuando un juez se mete en territorio peligroso para el PP acaba siendo él procesado». Así ocurrió con Baltasar Garzón o, ha dicho, con Elpidio Silva, del caso Blesa.
A renglón seguido, ha bromeado con el parecido entre el caso del ‘Jaguar’ de la ministra de Sanidad, Ana Mato, y los lingotes de oro que aparecieron en casa del exalcalde de Santiago Gerardo Conde Roa, y también ha sugerido que podrían ser «del Opus Dei» y que él los guardase «en depósito» para que no hubiera que «declararlos a Hacienda». Dicho esto, finalizó su alocución con una pregunta en voz alta: «¿Esto es política o un monte de estiércol?».

A continuación, a preguntas de los periodistas, el portavoz socialista, José Luis Méndez, ha reiterado que el presidente «tiene que actuar». «Hasta ahora se planteaba que la asunción de responsabilidades políticas debía producirse en el momento de apertura de juicio oral, pero parece que esa doctrina acaba de ser modificada», ha interpretado del «silencio» de Feijóo.
«Tendrá que aclarar si existía un criterio o si obedece a las circunstancias y, como sus principios, es cambiante», ha incidido, en relación a las palabras de Feijóo en la Cámara, sin dejar de llamar la atención sobre que la capital gallega vive una crisis institucional «extraordinariamente grave».
Acerca de si ha llegado el momento de que el PSOE presente su candidato, el exconselleiro ha rechazado abordar cuestiones que afectan al ámbito local y que se decidirán en su momento, pero ha insistido en que lo que está ocurriendo en el Pazo de Raxoi no está causado por la oposición. Por ello, ha remarcado que Feijóo debe «tomar decisiones».
«Los ciudadanos no pueden esperar, el PP tiene la mayoría y está obligado a actuar. Es su responsabilidad, y no de la oposición, que se haya llegado a este extremo», ha enfatizado el dirigente socialista, quien ha señalado que su partido exige la dimisión cuando se abre juicio oral –y en caso de haber medidas cautelares o escrito de acusación–.
Por ello, ha descartado por el momento que su partido vaya a tomar medidas ante las sospechas de financiación irregular del PSOE compostelano que figuran en el sumario de la Operación Pokémon y por las que está imputado el concejal socialista Bernardino Rama. Al menos, como ha aclarado, hasta que se proceda a la apertura de juicio, que será cuando se decidan «las responsabilidades políticas».

DECISIÓN ADMINISTRATIVA

Por su parte, Pedro Puy ha sostenido ante los medios de comunicación que el de estos siete concejales no es «un caso de alguien que se llevara dinero para casa o que tomase una decisión que implicase un gasto para la administración», sino que se trata de «una decisión administrativa» basada en informes de los técnicos municipales.
Y es que, según sus propias palabras, el documento firmado por el secretario «ni siquiera es un informe explícito de advertencia de ilegalidad del acuerdo que se va a adoptar» sino que únicamente refiere que el pago del abogado de Adrián Varela se podría hacer en caso de que «se cumpliesen unos requisitos» y unas determinadas «condiciones».
Así las cosas, ha concluido que se trata de «una cuestión administrativa» y ha apuntado que la «validez» del acuerdo podría dilucidarse «en el ámbito administrativo» y no en el penal. Es por ello que ha descartado que se tomen medidas antes de conocer la visión de la Audiencia Provincial sobre el recurso.
De hecho, ha apostillado que la decisión judicial de este caso va a ser «muy relevante» para los ayuntamientos, donde «muchos» se estarán preguntando si seguir los informes municipales puede conllevar «un juicio penal y no meramente administrativo». «El tema trasciende Santiago y va a afectar a la operativa habitual de muchos ayuntamientos», ha abundado.

DECISIÓN DEL PP

A renglón seguido, acerca de la decisión que tomará el PP ante la situación del Consistorio compostelano, ha recordado que sólo se requieren ceses en caso de que haya «medidas cautelares» y que así lo explicó Feijóo ante el pleno de la Cámara. Por tanto, ha proseguido, «habrá que esperar».
A este respecto, lo que ha destacado Puy Fraga es que se alegra de «militar en un partido» que «nunca amparó ningún caso de corrupción» y que «respeta la presunción de inocencia». «Se exigen responsabilidades cuando alguien hace algo que no es correcto y no porque alguien presuma que hizo algo que no es correcto», ha dicho sobre la opinión de la jueza y la fiscala, que ha definido como «indicios» que deberán ser ratificados por «otro juez» si sigue el juicio.
Finalmente, tras enfatizar que no quiere «vivir en una sociedad» en la que «se pueda truncar el honor y la carrera política» de alguien que tomó una decisión «con un informe del secretario», se ha mostrado seguro de que «llegado el momento» el PP «tomará las decisiones oportunas, bajo criterios de responsabilidad y ejemplaridad» y «de acuerdo» con sus estatutos.

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