Currás defiende a los concejales citados a declarar

Ángel Currás, alcalde de Santiago.
Ángel Currás, alcalde de Santiago.

El alcalde de Santiago de Compostela, Ángel Currás, ha defendido que los siete ediles imputados por prevaricación y para los que la Fiscalía pide nueve años de inhabilitación «deben seguir trabajando» en el Ayuntamiento y «colaborando en el día a día para resolver los problemas» de la ciudad «mientras no haya una sentencia que los haga culpables».

En este sentido, y preguntado por si en el caso de estos concejales el regidor pide una excepción al PP en la aplicación de medidas recogidas en su código ético, Currás ha respondido afirmativamente al respecto. «Yo creo que sí», ha contestado.

El PP prevé en sus estatutos abrir un expediente informativo contra cargos con imputaciones judiciales, que se transforma en disciplinario en el caso en que se produzca señalamiento de juicio oral y se resuelve cuando finaliza el procedimiento judicial con la correspondiente sentencia.

Así, el expediente disciplinario incluye el matiz de que la resolución final tendrá lugar cuando se dicte sentencia o, en su caso, haya un sobreseimiento que ponga fin al procedimiento judicial, con lo que en la situación actual los concejales imputados por prevaricación se podrán mantener en tanto cuenten con el respaldo de los dirigentes del partido.

En el caso de Santiago, ahora el correspondiente juzgado de lo penal tendrá que fijar la fecha del juicio oral y también falta la resolución de la Audiencia Provincial sobre el recurso presentado por los siete concejales.

Por ahora, y de nuevo este martes, el alcalde, Ángel Currás, ha mantenido la presunción de inocencia de los ediles imputados en esta causa y lo ha argumentado en base a la «duda razonable» de que los ediles reunidos en junta de gobierno –ese día el regidor no participó en ella– se pusieran de acuerdo para acordar «una decisión arbitraria», pagar con fondos de las armas municipales la defensa al edil Adrián Varela, imputado en la ‘Operación Pokémon’.

«DUDA RAZONABLE»

En declaraciones a Europa Press, el regidor compostelano ha mantenido su «máximo respeto» a la decisión del juzgado y de la Fiscalía, pero ha mostrado su «duda razonable» al respecto de que los imputados se pusiesen de acuerdo en una reunión para acordar una «decisión arbitraria».

Al respecto, Currás ha recordado que en esa reunión de la junta de gobierno los ediles estaban «asistidos por un secretario y un interventor» y contaban con «un informe del asesor jurídico» antes de firmar la aprobación de la defensa del edil de Deportes. «Precisamente, por esa circunstancia, confiamos y el alcalde sigue confiando en la inocencia de todos ellos y por esto tendrán la confianza del alcalde y de la junta de gobierno», ha remarcado.

Previamente, en declaraciones a los medios, Currás incidió en su respeto a la Justicia y también en mantener la «presunción de inocencia» de los ediles imputados. El alcalde de Santiago, no está imputado en esta causa, pero sí en la Operación Pokémon y en el caso del policía local que lo ha denunciado, junto a otros miembros del Ayuntamiento, por supuesto acoso y prevaricación.

«Yo desde luego no voy a cesar a ninguno de estos concejales, y les pediré que sigan trabajando por el ayuntamiento», ha abundado el alcalde compostelano, quien ha manifestado su deseo de que los ciudadanos mantengan la «confianza» en el gobierno local, que está «trabajando para resolver los muchos problemas de la ciudad». «Yo por supuesto (confiaría)», ha asegurado preguntado por si él lo haría si fuese un vecino más de la capital gallega.

CUENTAS

Por otro lado, Ángel Currás ha explicado que los movimientos bancarios que aparecen en el sumario de la ‘Operación Pokémon’ se corresponden con la transferencia de dinero para cancelar la póliza contratada en las municipales de 2007, para lo que se usó dinero del otro préstamo de esas características contratado por el grupo municipal a raíz de los comicios de 2011.

En el sumario aparecen dos movimientos bancarios aportados por una entidad que se corresponden con dos transferencias de una cuenta de la que es titular Ángel Currás a otras dos en las que figura el exregidor Gerardo Conde Roa, como único titular de una de ellas, y otra en la que comparte esta condición con el actual alcalde y Ricardo García-Borregón, que fue presidente local del PP de Santiago.

Según las explicaciones dadas por Currás, se trata de un traspaso de dinero para cancelar la póliza de 2007 con la de 2011, todavía pendiente de finalizar el pago y a la cual hacen frente los ediles del grupo municipal. En su declaración ante la jueza, el edil Adrián Varela también aseguró que los concejales hacían frente a un préstamo para el pago de las elecciones.

Sin embargo, este mismo concejal también reconoció que «Antonio Ramos», al que identifica como «constructor», puso «dinero» para la campaña del PP, con el matiz de que él en ningún momento ha visto recibir cantidades y que él no era el tesorero del partido.

Ya en el sumario, en una conversación intervenida a este concejal y a Ángel Espadas –que era el jefe de gabinete de Gerardo Conde Roa–, Adrián Varela le comenta que, en el caso de que el actual regidor, Ángel Currás, tuviese intención de «prescindir» de él (por Espadas), le iba a «recordar, decir que va a haber gente que le va a ir a pedir 40.000 o 45.000 euros… gente que puso dinero en la campaña electoral y que quieren que tú (a Espadas) sigas ahí, para empezar…».

Un informe de Vigilancia Aduanera atribuye al PP de Santiago, así como al PSOE de este municipio, «posible financiación ilegal». Preguntado por este extremo, Currás ha dicho: «Yo no tengo constancia de financiación ilegal».

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