Cualquier cargo del PP implicado tendrá que dimitir o será cesado

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El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha ratificado en sede parlamentaria este miércoles su postura en relación a los miembros del Gobierno gallego y del PP que se vean implicados en supuestos casos de corrupción, al manifestar que cualquier cargo popular al que se le impongan medidas cautelares tendrá que «dimitir o dimitir» sea o no «acusado y antes de que se abra juicio oral», es decir, que si no renuncia voluntariamente será destituido.

En un escenario con varias operaciones contra la corrupción activadas en la comunidad –como la Pokémon o la Patos–, Feijóo ha aprovechado su cara a cara con la coportavoz de AGE en la Cámara, Yolanda Díaz, para remarcar su postura, al tiempo que ha manifestado su «respeto» a la independencia judicial «con independencia de estar de acuerdo total o parcialmente con algunas de las decisiones» de los magistrados.

Así las cosas, ha proclamado que ni en la Xunta ni en el partido variará su actitud de «colaboración y respeto» con la Justicia, aunque –ha admitido– «a veces cueste» ver «como se puede imputar a concejales por seguir los informes preceptivos de la Intervención y de la Asesoría Jurídica en un ayuntamiento determinado». «Pero lo respetamos», ha insistido.

ACTUACIÓN SEGÚN LOS CASOS

Sin embargo, recientemente, en un nuevo caso de supuesta corrupción –la Operación Patos– el único cargo político imputado, el edil de Nigrán José Álvarez Valverde, también fue forzado a presentar su dimisión, pese a que defiende su inocencia y a que no se le exigió fianza tras su pase a disposición judicial.

En otros casos, sin embargo, la actuación ha sido diferente. Así, en la denominada Operación Orquesta hubo dos alcaldes populares que fueron detenidos, el de Fisterra, José Manuel Traba, y el de Mazaricos, José Manuel Santos, que quedaron en libertad con cargos y que no sólo no fueron destituidos, sino que volvieron a concurrir a los comicios locales y revalidaron el cargo.

Mientras, los Estatutos del PPdeG determinan que cuando se tenga conocimiento de una imputación judicial a un afiliado por «incurrir en cualquier forma de corrupción en el ejercicio de un cargo público o por realizar conductas tipificadas como delito doloso que por su naturaleza o por las circunstancias se consideren incompatibles con las obligaciones y deberes éticos de los Estatutos nacionales» se procederá a abrir expediente informativo.

Dicho expediente informativo se transformará «en disciplinario» en el momento en que se produzca señalamiento del juicio oral. La resolución de este expediente disciplinario tendrá lugar «cuando se dicte la sentencia» o, en su caso, auto de sobreseimiento que ponga fin al procedimiento judicial. En cualquier caso, el propio Feijóo nunca ha cerrado la puerta a actuar antes si tiene «indicios suficientes» para poder decidir.

«LA POLÍTICA ESTÁ EN JUEGO»

Frente a la postura de Feijóo de explicitar su doctrina en sede parlamentaria, la coportavoz de AGE le ha instado este miércoles a situarse «a la vanguardia» y ha proclamado que «la política está en juego», por lo que ha reivindicado «ejemplaridad» y ha pedido que todos los políticos imputados «dimitan».

Díaz ha defendido la necesidad de «regenerar» la vida política y ha sugerido que sería positivo alcanzar un acuerdo similar «al pacto antitransfuguismo» que determinase que cualquier cargo, con independencia del partido al que pertenezca, renuncie a su puesto tras ser imputado.

Del mismo modo, tras afearle el presidente gallego que AGE «abandonase» la comisión de prevención contra la corrupción activada en la Cámara autonómica, la parlamentaria ha matizado que lo que hizo su grupo es «no designar ponente» para el órgano interno que se encargará de elaborar las conclusiones, pero sí ha avanzado que defenderá «un dictamen alternativo» y que ahí se podrán constatar sus «muchas propuestas».

«YO CREO EN LA POLÍTICA»

Pese al contenido del debate, tanto Yolanda Díaz como el propio Núñez Feijóo han realizado una defensa de la política en un contexto en el que los diferentes estudios y encuestas constatan la desafección ciudadana. De hecho, el presidente ha esgrimido que en Galicia «hay 4.100 cargos públicos» y que sólo «un 2 por ciento» están imputados».

El presidente ha admitido que le gustaría que ese porcentaje no fuera «ni del 0,5 por ciento», pero en cualquier caso ha rechazado la pretensión de Díaz de que «imputar sea igual a dimitir» y, una vez más, le ha ejemplificado con el caso de Andalucía. «Hay un vicepresidente de la Junta de Andalucía en esa situación, tendría que dimitir de forma inmediata», ha apuntado.

«Yo creo en la política, me dedico a ella», ha sentenciado Feijóo, antes de remarcar que cualquier cargo con medidas cautelares deberá «dimitir o dimitir» y que, por ello, ha adoptado decisiones para fomentar la «transparencia» como hacer públicos la renta y patrimonio de su Gobierno, impulsando una ley que lo ha convertido en obligatorio y conforme a la que, «en los próximos días», se volverán a publicar estos datos en el Diario Oficial de Galicia (DOG).

Por último, ha sentenciado que él «cree» en la Justicia, pero ha sugerido que lo que busca la oposición es «ajusticiar a sus adversarios» al exigir determinaciones que posteriormente no se aplican en otros casos que se registran en sus filas, en lo que no se ha mostrado dispuesto a entrar.

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