Arias Mosquera defiende ante el juez que actuó bajo las recomendaciones del Banco de España

José María Arias Mosquera_Banco Pastor

El expresidente del Banco Pastor, entidad integrada en Banco Popular, José María Arias Mosquera, ha alegado este martes, en la declaración que ha prestado ante la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de A Coruña por la querella presentada por un accionista, que la entidad actuó «en base a las normativas y recomendaciones del Banco de España».

Así lo ha manifestado el letrado Carlos Deutu, del bufete que representa al denunciante, quien ha confirmado que, por esta misma querella, y también como imputado, declarará el 28 de marzo el exconsejero delegado del Banco Pastor, Jorge Gost.

Arias Mosquera, que llegó poco antes de las 10.00 horas a los juzgados coruñeses, acompañado por su abogado, no ha querido hacer declaraciones ante los numerosos medios de comunicación congregados en los juzgados de A Coruña, ni a su llegada ni a su salida.

Únicamente, al término de su declaración, que comenzó en torno a las 10.30 horas y finalizó sobre las 14.30 horas, ha instado «a dejar que los tribunales hagan su trabajo», tras su imputación por los supuestos delitos derivados de administración fraudulenta, por dos delitos relativos al mercado y al consumidor, uno societario, uno de falsedad en documento mercantil y otro de estafa.

Estos son los delitos de los que se le acusa en la querella criminal interpuesta, en octubre de 2011, por Manuel G.S., un pequeño accionista de Barcelona en relación a la actividad de la entidad en los ejercicios 2008, 2009 y 2010.

El demandante sostiene que las cuentas «eran falseadas mediante una trama financiera articulada con sociedades de las que el propio Banco Pastor era propietario», de forma que la entidad habría ocultado en sus balances las pérdidas de empresas inmobiliarias que eran de su propiedad.

«COBERTURA» DEL BANCO DE ESPAÑA

Sobre la declaración del presidente del Banco Pastor, el letrado Carlos Deutu, del bufete de abogados que representa al denunciante, ha sentenciado que ha tenido lugar en la línea de lo que esperaban. Así, ha precisado que Arias Mosquera ha dado explicaciones «que se amparan en el Banco de España».

Respecto al interrogatorio, ha explicado también que contestó a todas las preguntas de la jueza y de la acusación, ya que la Fiscalía no estuvo presente. «No le podemos poner ninguna pega», ha admitido.

En cuanto al contenido de la declaración del presidente del Banco Pastor y vicepresidente del Banco Popular, ha reiterado que, en todo momento, se ha basado en que el Banco de España «le daba cobertura». «Que tenían recomendaciones que se van transformando con el paso del tiempo en los decretos De Guindos», ha apuntado en alusión a éstas y otras normativas para el sistema financiero español.

INFORME SOBRE LA GESTIÓN

Respecto al informe del Banco de España que argumenta que no ha habido irregularidades, este abogado ha recordado que, por parte de éste, no se ha detectado «nada irregular en ningún banco salvo en la CAM». «Tampoco irán en contra de sus propios actos», ha apostillado.

Por otra parte, preguntado si ve base para mantener la imputación, ha dicho: «seguimos en la misma situación», en relación a la querella presentada, pero que estudiarán «las manifestaciones» del presidente del Banco Popular. «Y a partir de ahí, decidir», ha añadido.

OPERACIONES «PIRAMIDALES»

Por su parte, en declaraciones a los periodistas, antes del inicio del interrogatorio, el economista Iñaki Frade, miembro bufete que interpuso la demanda y que asesora al querellante, ha manifestado que su cliente busca que «se aclare» si las operaciones que se hicieron con el dinero de acciones o participaciones preferentes «son lícitas o no».

Además, ha apuntado que presentaron la querella después de que la entidad «no contestase» al burofax que le remitieron. En cuanto al informe del Banco de España, que no aprecia la existencia de irregularidades, ha admitido que dice que «las operaciones piramidales forman parte del objeto social del banco».

Sin embargo, ha insistido en que su clienta rechaza el dinero «que se capta de inversiones» pueda ser utilizado «para créditos participativos en sociedades inmobiliarias», ha apostillado.

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