El alcalde de Ourense rechaza el «proceso general contra la política» en alusión a la Operación Pokemon

Agustín Fernández_alcalde de Ourense

El alcalde de Ourense, el socialista Agustín Fernández, ha advertido este miércoles de que percibe «pruebas indirectas y demasiadas basadas en lo que dicen otros» en la denominada Operación Pokémon y ha rechazado que pueda haber «un proceso general contra la política».

«En el Estado de Derecho, el que acusa, debe probar así que esto no puede ser un proceso general contra la política y menos, como en este caso, con pruebas indirectas o demasiadas pruebas basadas en lo que dicen otros, así que pido precaución y ya la Justicia actuará con contundencia», ha afirmado.

Fernández ha asegurado que sigue creyendo en la inocencia y honorabilidad de los políticos y funcionarios del Ayuntamiento imputados en la operación Pokemon, entre los que se encuentra el exalcalde Francisco Rodríguez, que dimitió, y el exjefe de la Policía Local Álvaro Abelardo Ulloa, cesado de su cargo, pero que trabaja en su puesto de superintendente como funcionario.

El regidor respondió a preguntas sobre la situación de las investigaciones y de los imputados en las operaciones Pokémon y Patos, y pidió «precaución y prudencia» para dejar que «cada parte se defienda y que los que tienen que acusar, aporten sus pruebas».
FUNCIONARIOS IMPUTADOS

En el caso del exjefe de la Policía Local, Fernández dijo que fue cesado de su cargo «por su importante connotación pública y pareció razonable que no lo desempeñase», por lo que fue suspendido en octubre de 2012 como jefe, tras su detención e imputación por parte del juzgado de instrucción número uno de Lugo, y ahora «ocupa el puesto que le corresponde por su trabajo, incluido en la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento».

«En tanto no tenga una sentencia firme, desempeña su trabajo como otros funcionarios que pueden estar imputados, y no puede ser de otra manera», ha aseverado.

La lista de imputados en la provincia de Ourense incluye en la ciudad a una decena de funcionarios, empresarios locales, el representante de Aquagest Adrián Cordero, el exalcalde Francisco Rodríguez, el exconcejal Fernando Varela, el exjefe policial Álvaro Abelardo Ulloa y ya fuera de la ciudad, al alcalde de O Carballiño, Argimiro Marnotes.

PATRIMONIO DEL EXALCALDE

El regidor de Ourense ha eludido opinar sobre las acusaciones relacionadas con el patrimonio del exregidor Francisco Rodríguez y de su entorno familiar. «La mayor parte de esta investigación se basa en conversaciones y yo creo en la inocencia de todos los imputados», ha reiterado.

Además, ha agregado que, en el caso concreto de una investigación patrimonial, «es habitual hacer investigaciones de este tipo, en las que el investigado tiene que justificar lo que tiene». «Pero no podemos presumir su culpabilidad, sino simplemente que es investigado, y esto es igual en el ámbito de la Justicia y en el de la Hacienda», ha agregado.

Consideró «fundamental» el levantamiento del secreto del sumario por parte de la jueza Pilar de Lara, pues así las partes pueden conocer los hechos que respaldan indicios de imputación «y pueden defenderse mejor».

Y en adelante, ha abogado por mantener el «respeto a la actuación judicial y la presunción de inocencia de los imputados», y ha apelado a la «prudencia y precaución» de todos y a dejar «actuar a la Justicia, aportando pruebas contra los que tenga que acusar».

En relación a la posible desproporción de la actuación judicial en Ourense, criticada públicamente por varios de los detenidos, el regidor ha afirmado que, «desde el principio, las actuaciones judiciales fueron por un expediente basado en conversaciones de personas que hablan de terceros, y puede ir un abismo entre lo que se dice y lo que pudo ser», concretó.

FIN DE PATOS

En relación a la otra investigación que supuso la incautación de documentos en el Ayuntamiento de Ourense, el alcalde dijo que la Operación Patos supuso que una secretaria judicial y varios policías «requirieron un expediente concreto y la posibilidad de cualquier actuación que considerasen oportuna».

En ese sentido, según Fernández, se facilitó toda la documentación pedida «y no se sabe absolutamente nada más». Aludió al secreto de las diligencias para expresar su «absoluta disposición para colaborar» en lo que se requiera y recordó la situación de la empresa Cespa en relación con el servicio de mantenimiento de zonas verdes de la ciudad.

«El servicio, en este momento, tiene la adjudicación a esa empresa en suspenso, pues hay un recurso ante el juzgado contencioso-administrativo de otra empresa que fue excluida del concurso de libre concurrencia convocado para esta contratación», detalló.

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