Rotundo “no” del Gobierno a la consulta soberanista

La vicepresidenta del Gobierno,Soraya Sáenz de Santamaría ha reafirmado rotúndamente la postura del Gobierno: “Con arreglo a nuestras normas la consulta soberanista no es posible y no puede celebrarse” y ha recordado que la “soberanía, que es del pueblo español, no puede delegarse”

La vicepresidenta ha añadido que “España es, hoy por hoy, uno de los Estados más descentralizados del mundo, con cuotas de autogobierno más elevadas que Estados de corte federal”. “El Gobierno será firme en la defensa de la Constitución y en la defensa de los catalanes” que también tienen derecho a disfrutar de los beneficios de la superación de la crisis, ha concluido.

 

 

Sobre las manifestaciones del barrio burgalés de Gamonal contra la realización de una obras en su avenida principal, Sáenz de Santamaría ha dicho que en una democracia consolidada como la española se reconocen y respetan los derechos de manifestación y de reunión, cuyos cauces han de ser pacíficos y no violentos. En este sentido, ha hecho un llamamiento a mantener esa posición y al cumplimiento de la ley.

RACIONALIZACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO

Una de las primeras medidas que se adoptó para racionalizar la Administración Pública fue atajar la morosidad en el pago a proveedores, lo que supuso una inyección de casi 42.000 millones en la economía y el pago a más de 230.000 proveedores.

 

Esta medida de choque se completó con otras de carácter normativo y estructural como la relativa al control de la deuda comercial en el sector público y la ley de impulso de la factura electrónica, que impedirán en el futuro volver a estas situaciones de morosidad.

 

Otra de las normas aprobadas en favor de una administración menos burocrática y más eficaz es la Ley de Garantía de Unidad de Mercado. Por primera vez, ha dicho Sáenz de Santamaría, tenemos una ley que permite que los productos y servicios funcionen libremente sobre la base de “licencia única, legislación de origen y confianza mutua entre administraciones”.

 

Redimensionar el tamaño de todas las administración ha dado como resultado, según ha explicado Sáenz de Santamaría, que la reducción neta de entidades, en el ámbito de la Administración General del Estado, alcanzará cerca de 90. En el ámbito de las comunidades autónomas 751 y en el de las entidades locales 1.016.

 

Las compras en común, la simplificación administrativa, la eliminación de duplicidades y la cooperación entre administraciones han sido otras de las medidas puestas en marcha por el Gobierno en favor de una administración más eficiente, más eficaz y más barata.

 

La vicepresidenta ha avanzado que al cierre del ejercicio 2012 el ajuste en gastos, especialmente corrientes y de funcionamiento, de todas las Administraciones Públicas, ha sido de 30.000 millones de euros. De ellos 10.000 se han destinado al incremento de los intereses de la deuda y a las prestaciones por desempleo.

También ha anunciado que en el mes de febrero, con el cierre del ejercicio, se podrá dar la cifra de ahorros del año 2013.

La portavoz del Gobierno ha señalado que el impulso dado hoy por el Consejo de Ministros a la racionalización del sector público estatal, a través de un Proyecto de Ley, aborda la supresión de determinados entes que no pueden eliminarse por vía de real decreto o de acuerdo, sino que necesitan una ley para llevarse a efecto. Tal es el caso del Instituto Nacional de Consumo, que se fusiona con la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, o del Instituto de la Mujer.

También se contemplan medidas de simplificación como la referida a la licencia deportiva única, o la que dispone que el BOE se convierta en el tablón único donde se publiquen los edictos de todas las administraciones.

Complementario a este Proyecto de Ley, el Consejo de Ministros ha estudiado el Anteproyecto de Ley que reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial, con el fin de delegar en las Comunidades Autónomas que han asumido las competencias de Justicia la gestión de la jubilación del personal de los cuerpos generales y especiales al servicio de esta Administración, así como las posibles prórrogas de permanencia en el servicio.

LEY DE RESPONSBILIDAD MEDIOAMBIENTAL

El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley por el que se modifica la Ley de Responsabilidad Ambiental, de 2007, con el que se garantiza la obligación de prevenir, evitar y reparar las amenazas y los daños ambientales.

Este Proyecto de Ley, según ha dicho Sáenz de Santamaría, también tiene algún impacto en el ámbito de la simplificación administrativa, pues, reduce los procedimientos y los ajusta al potencial riesgo de las empresas que pueden incurrir en alguna conducta de responsabilidad medioambiental.

Además, amplía el concepto de daño medioambiental de manera que también se aplique a las aguas marinas.

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