Ultimátum judicial a Adif para que aporte documentos ya pedidos

Imágen del accidente de Angrois.
Imágen del accidente de Angrois.

El juez Luis Aláez, que instruye la causa por el accidente de tren ocurrido el 24 de julio en Santiago, ha emitido este viernes un auto en el que da 10 días de plazo a Adif para que aporte los informes requeridos en un escrito del 13 de noviembre, sobre los motivos que llevaron a modificar la normativa de seguridad en zonas de cambio brusco de velocidad temporal. Asimismo, pide información sobre los descarrilamientos ocurridos desde 2006 en España, investigados por el administrador.
En su auto de noviembre, Aláez había reclamado a Adif que incorporase a la causa los informes, análisis de incidentes, accidentes y evaluaciones de riesgo que llevaron en 1997 a dictar una norma de ampliación de señales Asfa en zonas de reducción temporal drástica de la velocidad, recogido en el Manual de Circulación.
Lo que pretendía el juez con esta información era conocer “cuáles fueron los factores que llevaron a la conclusión de la previsibilidad de una actuación incorrecta del maquinista ante una limitación temporal de velocidad”, para determinar si esto podría ser aplicable también a esta previsión en el caso de una limitación permanente.
Sin embargo, la información remitida por Adif el 29 de noviembre “no se acompaña de ningún informe” ni “estudio”, y se refiere únicamente al capítulo 9 del Manual de Circulación. Asimismo, se dice que la información está incluida en el análisis realizado por las Comisiones de Seguridad en la Circulación de Renfe en el año 1990-1991, “pero no se aporta documentación alguna”.
Por ello, y a petición de la defensa del maquinista, Aláez da a Adif 10 días de plazo para que remita al juzgado la copia de las actas de estas reuniones y cualquier documentación relacionada.
DESCARRILAMIENTOS
Asimismo, el juez también requiere los informes elaborados por la Comisión Investigadora de Accidentes Ferroviarios a raíz de las investigaciones seguidas por descarrilamientos de trenes en zonas de curva desde 2006 y hasta el día del accidente de Angrois.
En su auto, Aláez vuelve a cargar contra Adif señalando que el peligro de un exceso de velocidad en la zona era algo que “debía ser previsible previamente” al 24 de julio por los responsables de seguridad en la circulación, “y algo que éstos podían” y “tenían la obligación de evitar”.
De hecho, según la información que el magistrado recoge de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, desde el año 2008 se han producido en España “al menos” seis descarrilamientos de trenes en tramos de curva regulados por limitaciones de velocidad permanentes.
Según esta comisión, todos estos desarrilamientos fueron producidos por “exceso de velocidad” debida a “una conducción incorrecta del maquinista”. A ellos, por “paralelismo”, el magistrado suma también el accidente del Metro de Valencia de 2006, “en el que también se señaló por los técnicos la misma causa”.
“Esa repetición reiterada de actuaciones inadecuadas por los maquinistas en tramos de curva protegidos con la normativa reglamentaria sobre limitaciones permanentes de velocidad debería haber llevado a los responsables de la seguridad en la circulación a la obliación de estudiar y analizar estos supuestos concretos (…) para establecer las medidas apropiadas para disminuir o eliminar el riesgo”, señala Luis Aláez en el auto, “y la información disponible en la causa no permite llegar a tal conclusión, sino más bien a la contraria”, lamenta.
PERITOS
En el mismo auto, el juez acepta la intervención en los actos periciales de un nuevo perito, propuesto y a costa de QBE Insurance Europe.
Al mismo tiempo, desestima el recurso de forma interpuesto por una de las partes contra las resoluciones judiciales que hayan nombrado o hayan dado posesión como peritos judiciales a técnicos propuestos por la Xunta de Galicia.
El juez recuerda que, en un primer momento, decidió designar a los peritos encargados de hacer los informes a través de los colegios profesionales al entender que la Xunta “carecería de los técnicos adecuados por su falta de competencia en materia de seguridad ferroviaria”.
Sin embargo, señala, la Administración gallega remitió un escrito al juzgado alegando que “era posible que existiesen técnicos de cualificación necesaria en la Xunta o en organismos y entidades dependientes”, un proceso que está ahora en marcha.

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