El PP pide en el Congreso la condena de Resistencia Galega mientras el BNG inicia una campaña en su defensa

El violento Eduardo Vigo Domínguez, situado a la izquierda, junto a  Roberto Rodríguez Fiallega, y Antón Santos Pérez.
Eduardo Vigo Domínguez, situado a la izquierda, junto a Roberto Rodríguez Fiallega, y Antón Santos Pérez.

 

El PP defiende en el Congreso una proposición no de ley para condenar la actividad terrorista de Resistencia Galega y reprobar a los políticos que minusvaloren sus atentados. Una fuerza política situada en esta última parte, el BNG, inicia en Galicia una serie de actuaciones en los ayuntaminentos en los que tiene la presencia suficiente para proteger a los terroristas condenados y encarcelados pidiendo su traslado a prisiones gallegas.

Por una parte, en la iniciativa debatida Comisión de Interior y defendida por la la diputada Ana Belén Vázquez, el PP recuerda que Galicia viene padeciendo desde el año 2006 diversos actos de violencia terrorista que han sido, en la mayoría de los casos, reivindicados por Resistencia Galega. Se trata de “múltiples atentados consistentes en la colocación y detonación de diversos artefactos explosivos e incendiarios en sedes de partidos políticos, organizaciones sindicales o empresariales, entidades financieras, empresas y administraciones públicas, así como en las viviendas de personas relacionados con el ámbito judicial, universitario o político”.

Por otro lado, la moción presentada para su debate mañana en el Ayuntamiento de Teo por parte del Bloque, pide el traslado a Galicia de Antón Santos, vecino de la parroquia de Luou del citado municipio y reclama “un tratamiento y calificación de régimen fundamentado en derecho y no arbitrario y el respecto a los derechos fundamentales”.

 

Bomba con material explosivo, metralla e temporizador disposta para unha acción terrorista
Bomba con material explosivo, metralla y temporizador intervenida a Resistencia Galega

Argumenta el BNG que el preso se encuentra a 645 kilómetros de su familia y está calificado en régimen FIES 3, que supone que “debe permanecer 21 horas en su celda”, que “tiene todas sus comunicaciones intervenidas” y “sólo puede escribir dos cartas a la semana” y recibir cuatro visitas mensuales.

Tanto este preso como los demás juzgados y condenados por la Audiencia Nacional el pasado mes de setiembre son de origen gallego y responsables de la colocación de artefactos explosivos.

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