744 expedientes disciplinarios a alumnos gallegos, 31 de ellos en primaria

El sistema educativo gallego ha registrado un total de 744 expedientes disciplinarios durante el curso 2012-2013, 13 menos que el ejercicio anterior, de los que 31 se han dado en la etapa de primaria y 539 en secundaria.

Clase institutoSegún los datos facilitados por el sindicato ANPE, Galicia y las comunidades autónomas de la zona norte son las regiones con «menor problemática para impartir docencia» y «un privilegio» en comparación con centros del resto del Estado, dado que aquí los expedientes disciplinarios representan solo un 0,25 por ciento del alumnado.

A pesar de ello, según ha advertido Julio Díaz, presidente del sindicato, resulta «preocupante» que 31 de estos expedientes se produzcan en jóvenes de 9, 10 o 11 años, una tendencia ya denunciada el curso anterior cuando se registraron 26 expedientes a alumnado de primaria.

ANPE ha presentado este miércoles las cifras del servicio telefónico del Defensor del profesor, abierto desde 2006 a todos aquellos docentes que necesiten ayuda, apoyo y orientación ante cualquier tipo de problema en las aulas.

En el curso 2012-2013, el servicio ha registrado 116 llamadas al defensor, el 84 por ciento de profesores de secundaria y la mayoría mujeres (63). A nivel nacional, sin embargo, existe una tendencia en la que se cada vez más se equiparan las alertas entre la etapa de secundaria y la de primaria.

Los 76 por ciento aseguraba sentir ansiedad y un 39% de ellos manifestaba tener «problemas para dar clase». Faltas de respeto (11%) o problemas con la administración (11%) son algunas de las causas más denunciadas por este colectivo, y casi la mitad admitían «falta de respaldo» por parte de la dirección del centro.

A pesar de ello, el 66 por ciento de los casos se actuó mediante asesoramiento general. Asimismo, el 80,17 por ciento han sido consultas con solución de tipo administrativo, un 10,35 por ciento jurídicas y un 9,48 por ciento psicológicas.

Los datos de los expedientes disciplinarios y de las llamadas, según ha añadido Julio Díaz, reflejan la diferencia entre las zonas rurales y urbanas, dado que la mayoría de los casos se han dado en las provincias de A Coruña (405) y Pontevedra (197).

SE NECESITA MAYOR AGILIDAD

Ante esta situación, Díaz ha pedido avanzar hacia la «inmediatez» en el tratamiento de situaciones de acoso, sanciones y problemas en el aula, algo que se reflejará en el decreto de Convivencia y que prevé una resolución en 12 días.

A pesar de ello, considera que sanciones y castigos como las expulsiones no están funcionando y que es necesario «otro sistema», además de conseguir que los padres trasladen su «apoyo» y confianza al trabajo de los docentes.

Díaz ha pedido además que las aulas de inclusión estén al cargo de profesorado formado y en condiciones, no organizadas por los docentes de guardia. En este sentido, ha apostado por un «tratamiento específico» para el alumnado problemático, con orientadores y equipos pedagógicos, que permitan trabajar sobre estos jóvenes, además de «protocolos» de actuación.

Sobre todo, ha demandado agilidad a la administración en la toma de decisiones, así como la convocatoria del observatorio de convivencia, y que «no eche balones fuera» en cuestiones como el vestuario o el uso de teléfonos en el aula, entre otras, que van a tener que regular cada centro individualmente.

CONCIERTOS Y PROFESORADO

Entre otros temas, Díaz también ha trasladado su rechazo a los conciertos a centros que segregan por razón de sexo, y ha señalado que «quien quiera» ese modelo educativo «que se lo pague». «Sólo defendemos la pública», ha señalado.

Además, ha señalado que desde 2010 hay 1.001 docentes menos en el sistema educativo, una «barbaridad», y ha criticado el incremento de la tasa de interinidad, que «casi duplica» la de hace tres años.

Finalmente, preguntado por las críticas a un docente de la USC por manifestaciones homófobas en el aula, Díaz ha rechazado esta situación y se ha mostrado defensor de la «máxima libertad» de la sexualidad de cada uno.

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