El Parlamento aprueba una nueva Ley de Inclusión social para potenciar la inserción laboral

Conselleira de Trabajo, Beatriz Mato.
Conselleira de Trabajo, Beatriz Mato.

El Parlamento gallego aprobó la nueva Ley de inclusión social de Galicia, que permitirá articular una nueva Renta de Integración social de Galicia (RISGA) y potenciará la inserción laboral, para evitar la cronificación de estas situaciones.

Se trata de un texto que viene a sustituir al anterior, de 1991. Con esta nueva norma, Galicia se sitúa a la vanguardia de las directrices europeas, ya que está redactada con el espíritu de impulsar una política de inclusión verdaderamente integradora y acorde con la estrategia europea 2020.

Unas de las principales novedades es que se articulará una nueva Renta de Inclusión Social de Galicia –la palabra “integración” de la denominación original había pasado a ser “inclusión”- que será a partir de ahora flexible y modulable. Esto es, con el fin de potenciar especialmente la inclusión laboral, se dividirá en tres tramos distintos,: el personal y familiar; de inserción; y de transición al empleo.

De hecho, el reforzamiento de las sinergias entre el área social y el empleo será una de las prioridades. El objetivo es crear un itinerario único y coherent al acceso a un puesto de trabajo. Esto se conseguirá a través de dos vías: por una parte, la prestación garantizará una cuantía a mayores para aquellos beneficiarios que cumplan un itinerario de inserción laboral; y, por otra parte, las oficinas de empleo y el personal de intermediación pasarán a jugar un papel decisivo.

 

DIAGNÓSTICO

Como por ejemplo, a partir de la entrada en vigor de la Ley, se realizará un diagnóstico de empleabilidad y se continuará con acciones de orientación, que requerirán de la acción coordinada entre los servicios sociales comunitarios y el personal técnico del Servicio público de empleo.

La inserción laboral también se pretende conseguir por otra vía: la RISGA se hace por primera vez compatible con las rentas obtenidas a través de trabajos esporádicos o de escasa cuantía. De este modo, se garantiza que la persona ni abandone su proyecto de inserción, ni renuncie a la realización del trabajo, ni tampoco recurra a la economía sumergida. Actualmente, cuando accedían a trabajos de ingresos inferiores a la prestación, se deducían estos ingresos.
En primer lugar, a través del denominado tramo “personal y familiar” se garantiza una cuantía mínima para la cobertura de las necesidades básicas de la personas, que se relaciona con el compromiso de mantener un proyecto de inserción social.

Esta cuantía es anual y prorrogable. Además, esta prestación es ampliable en el caso de la presencia de mayores o de menores de edad en la unidad familiar. En este caso, el beneficiario tendrá que cumplir un acuerdo de integración socio-educativa de los menores convivientes. Es la primera vez que se incluye como tal el compromiso de una intervención concreta con menores.

 

INSERCIÓN

El segundo tramo es lo de “inserción”. En este caso, el beneficiario percibe una cuantía a mayores de la del tramo personal y familiar, con el fin de estimular su acceso a un empleo. Este tramo tendrá una duración de  18 meses. Para ser beneficiario de este tramo, es necesario cumplir un itinerario orientado a la inserción laboral, con acciones formativas.

Por último, la nueva RISGA abrirá un tramo de transición al empleo. Consiste en una cuantía que se sigue percibiendo durante los seis primeros meses desde la consecución de un puesto de trabajo por parte del beneficiario. La cuantía va reduciéndose gradualmente hasta extinguirse.

Gracias a estos tramos, se da respuesta a las disfunciónes que se venían detectando en la actual RISGA y que fueron valoradas tanto por profesionales de la Administración autonómica y local, como por expertos del tercer sector.

Así, una de las disfuncións que se había detectado es la cronificación de la situación de exclusión social, a través de las prórrogas sucesivas de la percepción de la RISGA. Se detectó, también, la pérdida de vinculación del beneficiario con el proyecto de inserción.

Con la división en tres tramos, se permite que aquellos beneficiarios que no estén en condiciones de cumplir un proyecto de inserción permanezcan en el tramo personal y familiar y, por su parte, se incentiva la incorporación a estos proyectos permitiendo la recepción de una cuantía a mayores para aquellos que pasen al segundo tramo.

De este modo, excepto en el tramo básico, todas las cuantías que contempla la nueva Ley de inclusión son mayores a las que se venían recibiendo hasta ahora: tanto los complementos por otros convivientes son mayores, como las cuantías adicionales para fomentar a inserción.

Otra de las disfuncións que se había detectado, y que se soluciona con la nueva Ley de Inclusión, es que actualmente en la práctica “se castigaba” la realización de trabajos esporádicos o acciones formativas, porque la percepción de la RISGA se reducía o se suspendía en este caso. Esto llevaba la muchos beneficiarios a renunciar la estas actividades de inserción o incluso a esconderlas de la Administración. Con la nueva normativa, los tramos de inserción y de transición el empleo son compatibles con los accesos parciales a determinados trabajos, así como también se establece la compatibilidade con prestacións económicas de contía menor que la de las pensiones no contributivas.

En definitiva, la Ley contempla a los beneficiarios no como los meros perceptores de un subsidios, sino como sujetos capaces de superar esas situaciones, a los que hay que motivar, incentivar y apoyar para que lo hagan.

 

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