La oposición pide a la Xunta recurrir la sentencia del Prestige

El PSdeG apremia a la Xunta a presentar el recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la sentencia dictada sobre la catástrofe del Prestige.
Así lo ha destacado la parlamentaria socialista Carmen Gallego que remarca que, tras «el daño ambiental, económico y social» padecido por Galicia por la tragedia del Prestige, «ni la ciudadanía, ni el Gobierno pueden permanecer impasibles».
La sentencia, dada a conocer esta semana, absuelve al capitán del ‘Prestige’, Apostolos Mangouras; al jefe de máquinas del buque, Nikolaos Argyropoulos; y al exdirector general de la Marina Mercante José Luis López-Sors de los delitos contra el medio ambiente que se les imputaban.
Por este motivo, Gallego reclama que la Xunta debe promover todas las actuaciones a su alcance para, «cuanto menos, recuperar el daño económico que produjo a los gallegos», ya que «el daño ambiental nunca llegó a calcularse».
Así, los socialistas presentarán una batería de iniciativas centradas en el seguimiento y control del Ejecutivo sobre la presentación de este recurso de casación, con el fin de procurar el resarcimiento económico, tanto de particular como de la propia Xunta.
Para ello, «el Gobierno gallego debería adherirse a alguna de las partes acusadoras con el fin de superar las limitaciones impuestas por los Fondos internacionales de indemnización de daños debidos a la contaminación por hidrocarburos (FIDAC)».

En este sentido, el PSdeG apunta que la Xunta debe buscar, por lo menos, la responsabilidad civil y una indemnización de unos 2.500 millones de euros que, según el informe pericial, corresponden con Galicia. Además, considera que el Ejecutivo gallego debe procurar la retención del dinero depositado –22,7 millones de euros– por la entidad aseguradora.
Así, los socialistas gallegos sostienen que «la catástrofe no puede quedar impune», porque la sentencia «va contra Galicia, es socialmente injusta y provocó la indignación de la sociedad gallega».
Finalmente, Carmen Gallego reclama al Partido Popular, que «heredó» a los gobernantes que «convirtieron el accidente en una catástrofe», que puesto que «no va a convencer a la sociedad gallega» de su inocencia, al menos, «defiendan a Galicia de las consecuencias de la catástrofe».

ALTERNATIVA GALEGA DE ESQUERDA

Alternativa Galega de Esquerda (AGE) ha considerado «procedente jurídicamente» que tanto la Fiscalía como la Xunta» presenten ante el Tribunal Supremo (TS) un recurso de casación contra la sentencia del Prestige fallada por la Audiencia Provincial de A Coruña esta semana.
En un comunicado, el diputado de AGE Antón Sánchez ha asegurado entender que «concurren los supuestos de hecho y derecho» para fundamentar un recurso de casación, «tanto por error jurídico en la apreciación de prueba como por nulidad de actuaciones».
«Siendo cierto que la naturaleza extraordinaria del recurso de casación impide la celebración de nueva audiencia pública ante el Supremo, ello no impide que se revise en casación la apreciación jurídica realizada por la Audiencia de los hechos», ha señalado Antón Sánchez.
Para el diputado de AGE, «lo que es intangible en casación es la narración de los hechos contenida en la sentencia de la Audiencia, pero no su calificación jurídica, que si es revisable en casación, de forma que el Supremo puede comprobar si fue o no correcta la subsunción de los hechos a través de los preceptos de orden sustantivo que integran las figuras delictivas del ordenamiento penal».
Asimismo, ha considerado que «también procede la interposición de recurso de casación por nulidad de actuaciones por denegación de pruebas propuestas que debieron de haber sido declaradas pertinentes».
Al respecto, AGE ha recordado que, la «especial rigidez» en el recurso de casación ante sentencias absolutorias «solo obliga al cumplimiento de requisitos específicos para el éxito del recurso, pero no impide su eventual estimación, tal y como confirma el Tribunal Supremo».

EL BNG, POR EN ENDURECIMIENTO DE LAS PENAS

La portavoz del BNG en el Congreso, Olaia Fernández Davila, y la diputada Rosana Pérez han presentado una proposición no de ley en el Congreso y una iniciativa parlamentaria para demandar al Gobierno que endurezca la legislación en materia de delito ecológico «con el fin de evitar que catástrofes como la del Prestige se puedan saldar sin indemnización económica alguna».
Esta petición llega tras la sentencia, dada a conocer esta semana, que absuelve al capitán del ‘Prestige’, Apostolos Mangouras; al jefe de máquinas del buque, Nikolaos Argyropoulos; y al exdirector general de la Marina Mercante José Luis López-Sors de los delitos contra el medio ambiente que se les imputaban.
Por ello, el BNG lamenta que «un delito ecológico de esas dimensiones ni siquiera es objeto de una sentencia ejemplar por parte de la Justicia». Junto a esto, censura que «no hay castigo para los autores de la mayor marea negra ni hay responsabilidades políticas por la errática e ineficaz gestión de un accidente que se agravó por las decisiones adoptadas desde el Gobierno central y la Xunta».
«Resulta que se recorre el camino a la inversa, el Prestige no tiene coste alguno, sale gratis, salvo para los gallegos», prosiguen en su argumentación las parlamentarias. Además, denuncian que «sus responsables quedan impunes» e «incluso permite al Gobierno vanagloriarse de una actuación cuestionada desde todos los ámbitos».
Al respecto, las diputadas nacionalistas avisan de que la catástrofe del Prestige, que llenó de chapapote las costas gallegas, «demostró las flaquezas en materia de seguridad del tráfico marítimo y la precariedad de medios para la lucha contra la contaminación marina en el corredor de Fisterra, uno de los que más tráfico registra». «A pesar de la gravedad de los hechos, podríamos afirmar que nada se ha avanzado», han criticado Davila y Rosana Pérez.
Asimismo, el Bloque pide al Ejecutivo central la transferencia a la Xunta de las competencias en materia de seguridad marítima, tanto en normativas como de ejecución, que incluyan el control y la inspección de barcos. Todo ello, con el objetivo de poder aplicar una política preventiva propia en relación al transporte de mercancías peligrosas.
De este modo, reclama el traspaso al Gobierno gallego de las competencias en materias como salvamento marítimo y la lucha contra la contaminación marina.
Sobre esta cuestión, el BNG deja claro que esta petición de transferencias «no es fruto de un capricho, es producto de una mala experiencia, nefasta», en lo acontecido durante la crisis del Prestige.

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