Los policía locales de Vilagarcía imputados por cohecho siguen en sus puestos

Los dos policías locales detenidos en Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) y que quedaron en libertad, aunque imputados por un supuesto delito de cohecho, tras comparecer ante las autoridades judiciales mantendrán por el momento su situación laboral puesto que el alcalde, Tomás Fole, no adoptará ninguna decisión mientras no tenga «alguna comunicación oficial» de la jueza encargada del caso.

A través de un comunicado, Fole ha insistido en pedir «prudencia» en el caso de los dos policías locales y que se respete «la presunción de inocencia» a la que tiene derecho todo ciudadano.

Asimismo, ha destacado «la total disposición a colaborar» que, desde el primer momento, mostraron los agentes, al igual que el Gobierno local, al ofrecer «todas las facilidades» a la Policía Nacional para que registraran sus taquillas y obtuviesen «la información que consideraron oportuna».

De hecho, el Ayuntamiento remarca que los dos policías fueron los primeros en expresar su interés en colaborar para que el asunto «pueda aclararse cuanto antes». Y es que el alcalde entiende que «hay que dejar trabajar a la Policía y a la Justicia para que los hechos se aclaren lo más rápidamente posible», por lo que, precisamente, apela «a la prudencia».

Fole ha manifestado también que hasta el momento no ha recibido comunicación oficial en ningún sentido por parte de la jueza encargada del caso y ha explicado que, hasta que dicha comunicación no se produzca, no adoptará decisión alguna sobre la situación laboral de los agentes que, recuerda, quedaron en libertad.

El Ayuntamiento incide, por tanto, en que no fueron apartados de sus puestos. Asimismo, insiste en que colaborará en todo lo que se le requiera para la resolución del caso, al tiempo que ha reiterado su total apoyo a la Policía Local.

Apoyo que Fole, acompañado por el edil de Seguridade, Cholo Dorgambide, ha expresado personalmente a su plantilla en una reunión celebrada a última hora de este viernes, de acuerdo con la «prudencia» a la que obliga «el secreto de sumario» y «recopilada toda la información disponible».

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