Ana Pastor pone fín a los obstáculos de Adif con la Justicia

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La ministra de Fomento, Ana Pastor, ha garantizado que los servicios técnicos y jurídicos tanto de Renfe como de Adif remitirán al juez Luís Aláez que instruye el caso «toda la información requerida» sobre el accidente ferroviario de Angrois tras la imputación de los responsables de seguridad.

Ana Pastor ha asegurado, en declaraciones a los medios antes de participar un acto en Pontevedra, que, por su parte, habrá «colaboración total y absoluta» para que el magistrado «pueda trabajar y que se conozca toda la verdad y todas las causas» del siniestro.

Argumentando que «se lo debemos a las víctimas y a sus familiares», la titular de Fomento ha reiterado su «respeto absoluto» a los afectados por este accidente.

A raíz de su comparecencia en el Congreso de los Diputados, también ha recordado que desde el pasado 25 de julio se está realizando una auditoría general «de todo el sistema ferroviario español» para que un suceso «tan terrible no vuelva a ocurrir».

LA POSICIÓN DE ADIF

El miércoles, la posición oficial de Adif llemó especialmente la atención de los medios de comunicación por la serie de impedimentos que el Administrador de Infraestrurcturas parecía poner como respuesta al requerimiento judicial. Así, la  asesoría jurídica de Adif evaluaba  cómo dar cumplimiento al requerimiento del titular del Juzgado de Instrucción Número 3 de Santiago de Compostela, para que pueda tomar declaración en calidad de imputado «a la persona o personas de Adif responsable/s de la seguridad en la circulación en el tramo de la línea ferroviaria que une las estaciones de Orense y Santiago a fecha del 24 de julio» en relación a la investigación del accidente ferroviario que costó la vida a 79 personas y dejó más de 150 heridos.

En declaraciones a Europa Press, fuentes de Adif han reconocido que aún no saben cuándo podrán enviar al juez la información requerida –documentación sobre incidencias en la zona, informes técnicos de velocidades autorizadas y los criterios que las justifiquen, protocolos de seguridad en la circulación y auditorías internas– ni tampoco cuándo podrán detallar quiénes son las personas responsables de la seguridad.

«La asesoría jurídica está evaluando el auto, porque no está muy claro qué personas son las que el juez pide y se está viendo con el juzgado», han indicado las fuentes consultadas. En concreto, el juez quiere un informe de quiénes integran el órgano responsable en materia de seguridad en la circulación «con indicación de las capacidades o facultades de cada una de las ellas en la toma de decisiones».

Una vez se aclaren estos extremos y Adif pueda precisar con nombres y apellidos quiénes eran los responsables de la seguridad en ese tramo el día del siniestro, Aláez podrá señalar una fecha para la declaración, que justifica apelando a la posible existencia de «omisión de cautelas elementales de quienes tienen que garantizar la seguridad de la circulación» dado que, ante un «importante riesgo» no dotaron al sistema de «ningún recurso que lo resuelva automáticamente».

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