Desigual valoración de la huelga en la educación

 

Los datos recogidos por la Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria en los centros educativos públicos gallegos muestran un seguimento por parte de los docentes y personal de centros del 17,9% de la huelga contra el anteproyecto de ley Orgánica para el Avance de la Calidad Educativa (LOMCE). En la enseñanza concertada el seguimento fue del 1,79%. El paro fue secundado por un 15% menos de efectivos de la Consellería que en la huelga del 14 de noviembre de 2012.

La jornada lectiva se desarrolló con total normalidad en los centros de enseñanza -excepto en la localidad de Santiago de Compostela, donde permanecieron cerrados por la celebración de la festividade local de la Ascensión -, garantizando la apertura de los mismos para aquellos miembros de la comunidad escolar que decidieron no secundar el paro, con un cumplimiento total de los servicios mínimos.

Por provincias, los datos de seguimento en los centros públicos fueron del 21,7% en A Coruña, 20,8% en Lugo, 19,1% en Pontevedra y 12,5% en Ourense. En la enseñanza concertada el paro fue secundado por el 2% enCoruña, el 1,8% en Lugo, el 0,5% en Ourense y el 1,8% en Pontevedra. La Consellería ya trasladó esta información al Ministerio de Cultura, Educación y Deporte, responsable de dar cuenta del incidente de la jornada de huelga a nivel estatal.

«EXITO ROTUNDO» PARA LOS SINDICATOS

Por su parte, según los sindicatos y plataformas en defensa e la enseñanza pública, la huelga ha arrancado con un «éxito rotundo» en Galicia con un seguimiento medio del 85%.

La Plataforma Galega en defensa do Ensino Público apunta a través de su secretariode la CIG-Ensino, Anxo Louzao, ha resaltado que, a falta de pocos datos por recabar, el paro ha alcanzado un «éxito rotundo» y con él la Comunidad gallega expresa su «rechazo firme a la LOMCE».
Louzao cifra en casi el 90% el seguimiento de la huelga entre alumnos y profesores, y resalta el apoyo de las familias a la convocatoria. Galicia es «uno de los territorios más parados» del Estado, según ha indicado, pues la actividad docente es «casi inexistente en algunos centros».
De la Plataforma en Defensa do Ensino Público, Luz López, secretaria xeral de CCOO-Ensino, habla de una participación media del 80%, algo más alta (del 90%) en la universidad. López también subraya la participación de familias y alumnado, que sitúa en el 95%. Al igual que el portavoz de la central nacionalista, asegura que son «muchos» los centros en que el 100% del alumnado no fue a clase este jueves.
También integrado en este colectivo, el representante de Sindicato de Estudiantes Pablo Álvarez fija en un 85% el seguimiento de la huelga en la Comunidad gallega, y valora que será una jornada «muy tranquila y pacífica», ya que «los altercados siempre son una excepción» aunque la manifestación sea «contundente en el discurso».

APOYO DEL BLOQUE

   El portavoz nacional del BNG, Xavier Vence, ha mostrado su apoyo a la comunidad educativa que está este jueves en huelga contra Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), «una ley que atenta contra la educación pública, los derechos lingüísticos y la igualdad», por lo que ha pedido la dimisión del ministro de Educación, José Ignacio Wert.

   El dirigente nacionalista, que participa este jueves en unas jornadas sobre el futuro de la universidad pública en Valladolid, resalta «la total oposición del BNG a la denominada Ley Wert», que, a su juicio, supone «una involución porque no se consensuó con nadie de la comunidad educativa».

Xavier Vence ha aprovechado su intervención en la Escuela de Ingenierías de la Universidad de Valladolid para alertar «del duro golpe que la Ley Wert supondrá para la universidad pública». «Su futuro se verá comprometido con reformas educativas regresivas y reaccionarias como la que este jueves llevan al Consejo Ministros», ha augurado.

En este sentido, ha insistido en que «hasta el Consejo de Estado» emitió un «dictamen lleno de críticas a una ley que significa un paso atrás», «demandó un acuerdo general de las fuerzas políticas y sociales y recomendó una ley fruto del consenso», algo que, a su juicio, «el Gobierno del PP no está dispuesto a practicar porque está empeñado en seguir su modelo de enseñanza para la elite».

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