Rueda busca compromiso con los alcaldes para aplicar el convenio de desahucios

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El vicepresidente de la Xunta celebró una nueva reunión con alcaldes, esta vez de la provincia de Pontevedra.

La Xunta de Galicia busca aliados entre los alcaldes y responsables de los Servicios Sociales de toda la provincia de Pontevedra para la aplicación del convenio sobre desahucios firmado hace una semana entre la Administración gallega, el Consejo General del Poder Judicial y la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp).

El vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha presidido este lunes una reunión de trabajo en la Delegación de la Xunta en Pontevedra que cierra una ronda de encuentros que en las cuatro provincias para dar a conocer el citado convenio y conseguir establecer “una red de información en la que cuantos más ayuntamientos participen mejor”.

Alfonso Rueda ha explicado que el objetivo del convenio es “tener una capacidad de reacción ante los dramas de los desahucios que están viviendo muchas familias”. Además, el vicepresidente ha remarcado que Galicia es “pionera” con la firma de este convenio por el que los jueces alertarán a los Servicios Sociales de los ayuntamientos, que podrán realizar una valoración provisional de la situación de cada familiar.

Paralelamente, la Consellería de Traballo e Benestar estudiará posibles soluciones, bien a través de los programas de inclusión social o menores o analizando con el Instituto Galego de Vivenda e Solo la ampliación de un programa de realojo de los afectados.

“Y así se actúe antes de que tengan lugar situaciones como las que hemos vivido en algún sitio con familias que se ven en la calle”, ha manifestado.
EN VIGOR

El convenio suscrito “está en vigor ya, lo que queda es que los ayuntamientos se vayan adhiriendo para que todo funcione correctamente”.

En su primera semana activo se han adherido entre 25 y 30 municipios gallegos, un dato que, en opinión de Rueda, es buena señal para el éxito de esta iniciativa y su objetivo de “crear una red de información” para ayudar a las “personas más vulnerables, las familias que no tienen otra posibilidad de realojarse en otra vivienda y se ven en una situación muy comprometida”.

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