La Ley de Galleguidad entra en el Parlamento

El proyecto de Ley de Galleguidad, que actualiza la norma de 1983, ha iniciado su tramitación en la Cámara tras rechazar el PPdeG con sus votos las enmiendas a la totalidad de PSdeG, Alternativa Galega de Esquerda (AGE) y BNG, que han denunciado el carácter “mercantilista” de la nueva norma y han alertado de que “limita” los derechos individuales de los emigrantes al ceñirse únicamente al movimiento asociativo de las entidades para concluir que supone “un cajón desastre” y “un despropósito”.

En el polo opuesto, ante la presencia del secretario xeral de Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, en la tribuna de invitados del hemiciclo gallego, el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha defendido una ley que “moderniza” la legislación vigente y apuesta por promover la fusión de las entidades gallegas den el exterior “en aras de lograr una mayor Ley Galleguidadeficacia y de mejorar los servicios” que los centros ofrecen a la colectividad gallega.

Rueda ha esgrimido que la unión de asociaciones –con contactos ya avanzados en Cuba o Cataluña, al igual que en otros puntos del exterior– permitirá disponer de entidades “con mayor capacidad” para prestar servicios, “autosuficientes” en recursos y autónomas en la programación de actividades. En la actualidad hay 370 entidades gallegas en el exterior, con presencia en 25 países de tres continentes.

Frente a las críticas de la oposición, que considera que la norma se preocupa en exceso de entidades en detrimento de los derechos individuales, Rueda ha insistido en que nace con la voluntad de crear entidades “más fuertes”. Por ello, ha justificado que “amplía el abanico de entidades legalmente reconocidas” al establecer, por ejemplo, las figuras de los centros colaboradores, las federaciones y los centros de estudio y difusión de la cultura gallega.

Otro de los “grandes ejes” de la norma, ha señalado, pasa por la “ampliación” de la cartera de derechos reconocidos a las comunidades gallegas en el exterior y también el apoyo a los servicios de acción social y sanitaria, con especial atención a los mayores y a las personas e riesgo de exclusión social. También se incorporan las previsiones en igualdad de género y “se refuerzan” las medidas para la protección y difusión del patrimonio cultural y lingüístico.

Rueda, quien recordó que el texto es fruto de un “amplio acuerdo” con las comunidades gallegas y apeló al “espíritu de consenso” con el que se negoció la norma de 1983, también ha hecho hincapié en el papel que están llamadas a jugar las comunidades en el exterior en el actual escenario de globalización, como es el de la esfera de los vínculos económicos.
LEY DE CIUDADANÍA, LA “PRIORIDAD”

Los grupos de la oposición han cargado con dureza contra la exposición del vicepresidente y el contenido de un texto que, en palabras del portavoz parlamentario del BNG, Francisco Jorquera, y del diputado de AGE Xabier Ron, supone “una oportunidad perdida”. “Por negar, niega hasta la existencia de una ciudadanía gallega y se define ser gallego como una simple derivación de la ciudadanía española”, ha censurado Jorquera.

“El PP niega en Galicia lo que reconoce en Castilla y León”, ha continuado, para añadir que en esta comunidad se está trabajando en una ley de ciudadanos castellano leoneses en el exterior y de asegurar –como posteriormente AGE– que lo “prioritario” para Galicia es contar con una norma de este tipo. De hecho, Jorquera ha anticipado que el BNG ya ha registrado una enmienda parcial a esta norma para que “en el plazo de un año” el Gobierno presente una ley de la ciudadanía gallega en el exterior.

El portavoz nacionalista ha alertado que no se contemplan “derechos fundamentales” como la participación política de la diáspora y lo ha atribuido a que el PP considera “mercancía electoral” a los emigrantes. En el “auténtico cajón desastre” que supone la norma, también ha denunciado que, frente a lo “enormemente regulamentista” que es a la hora de “delimitar derechos” individuales, se abre la puerta a la posibilidad de que se reconozca la galleguidad a entidades con escasa vinculación con la comunidad.

“Con su actual redacción, la ley hace posible que una persona que emigra a Barcelona, se censa allí y luego se va a Suiza, no tenga la condición de gallego. Eso sí, una asociación de flamenco de Jaén con una mención al gallego en algún departamento podría ver reconocida su galleguidad”, ha reprobado Jorquera, en la misma línea que, posteriormente lo ha hecho Xabier Ron (AGE), quien llegó a leer un fragmento de una entidad que criticaba a la Xunta por emplear el gallego en un comunicado y que, conforme a la nueva norma, podría pasar a ser “colaboradora”.

“Envuelto en la palabrería de la globalización”, el texto “privilegia”, según Ron, la modernidad líquida”, de forma que la galleguidad “se desvanece entre las manos” mientras la Xunta opta “por ampliar la tipología de entidades gallegas a centros que pueden no tener a ningún gallego entre ellos”. “Disfrazan de derechos el imperio del leguaje neoliberal”, ha agregado, antes de insistir en el carácter “mercantilista y utilitarista” que, a su juicio, la Xunta intenta imprimir a este texto.
PROYECTO “AUTISTA” CON LA REALIDAD

Por su parte, la parlamentaria socialista Marisol Soneira ha calificado el proyecto de ley de “autista” con la realidad al regular únicamente a los gallegos dentro del movimiento asociativo. “No todos los emigrantes tienen un avión para prestar al presidente de la Xunta”, ha afeado la dirigente socialista, quien ha subrayado que la nueva norma “excluye al 90 por ciento de los gallegos en la diáspora” y no incluye medidas para el retorno.

“¿Qué les decimos a los 80.000 gallegos que cogieron las maletas en los últimos cuatro años?”, se ha preguntado Soneira, quien ha lamentado, al igual que BNG y AGE, que la norma no se preocupe de regular los derechos y prestaciones individuales –se vinculan las ayudas con casos concretos de carácter “extraordinario” y de extrema necesidad, por ejemplo–, mientras se centra “en centros y entidades que legítimamente se han unido para defender sus intereses”.

En este escenario, Soneira se ha referido a los nuevos emigrantes y a los descendientes con nacionalidad, antes de remarcar que no están vinculados “con ningún centro”. Asimismo, ha aludido a la situación del Hospital Gallego de Buenos Aires que, durante la etapa de gestión de Feijóo, ha pasado a ser gestionado por Argentina.
“LEGISLAR SOBRE LO LEGISLADO”

Al respecto, la parlamentaria popular Paula Prado ha criticado la “desfachatez” del PSdeG por sacar la situación del centro hospitalario, cuando la actual Xunta “aún paga” la deuda del anterior Ejecutivo autonómico, al tiempo que ha replicado al conjunto de la oposición que “la igualdad de derechos” entre gallegos residentes en el exterior o en Galicia “ya están reconocidos” en otras normas como la Constitución o el Estatuto de Autonomía.

“No tiene sentido legislar sobre lo legislado”, ha aseverado Prado, quien ha defendido que “no sería asumible una prestación universal” para todos los emigrantes, cuyos esfuerzos fiscales repercuten en sus países de destino y que, por ello, se alude en la ley a ayudas para casos “extraordinarios” y de personas en riesgo de exclusión. Al tiempo, ha negado “nepotismo” en la concesión de ayudas.

Del mismo modo, ha considerado “gravísimas” las acusaciones al PP de tratar a la diáspora como “mercancía electoral” y ha alegado que ahora no consta en la Xunta “ninguna reclamación” por irregularidades pese a la “obsesión” del BNG, a quien “no le interesa la ciudadanía en el exterior”, por la “limpieza” en los procesos electorales. “Lo que no nos interesa es la práctica de políticas que obligan a miles de gallegos a emigrar”, ha replicado Jorquera.

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