Enfrentamiento verbal en el Parlamento en un debate sobre los acusados por terrorismo

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El diputado del PPdeG Alberto Pazos Couñago ha afirmado este martes que “pena de muerte es la que aplicaron algunos gobiernos socialistas, sin juicio previo, a algunos acusados por terrorismo”, en alusión al caso GAL, lo que ha provocado las protestas de los grupos de la oposición y, en especial, de las representantes socialistas, que abandonaron la comisión institucional del Parlamento tras advertir de que llevarán el asunto a los juzgados.

La bronca se ha producido durante el debate de una iniciativa presentada por el BNG, que fue finalmente rechazada con los votos del PP, en la que se reclamaba “poner fin al uso abusivo del régimen de incomunicación” durante las detenciones y a la dispersión penitenciaria, “modificar la legislación de excepción, impropia de un estado democrático”, o garantizar la aplicación del denominado ‘protocolo Garzón’ contra la tortura, entre otros puntos.

En su intervención, el diputado del PPdeG se declaró “en shock” por la propuesta y recomendó a los grupos de la oposición que “antes de presentar estas cosas” se pasen “por alguna de las sedes humeantes del PP después de un estallido de esos aparatos que colocan estos angelitos que tanto les preocupan”. En ese momento, la diputada del PSdeG Beatriz Sestayo comenzó a recriminar las afirmaciones de Pazos y a preguntar si el PP defiende la pena de muerte.

“Pena de muerte es la que aplicaron algunos gobiernos socialistas sin juicio previo a algunos acusados por terrorismo; eso fue pena de muerte. El PP está francamente en contra de la pena de muerte, pero sí –defiende– la aplicación de todo el peso de la ley a los acusados por terrorismo”, contestó el diputado popular, lo que provocó airadas protestas de las representantes socialistas, que reclamaron la retirada de esas declaraciones y, al no acceder el popular, abandonaron la sala. Sestayo ha avisado de que judicializarán estas “graves acusaciones”, que ha considerado “un delito”.

Tanto Alternativa Galega de Esquerda (AGE) como el BNG se sumaron a las protestas y aludieron a las fotos del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, en el yate del narcotraficante Marcial Dorado. “Otros prefieren terroristas”, replicó Pazos Couñago con el micro ya cerrado.

Estos dos grupos de la oposición trasladaron su respaldo a los socialistas y señalaron que decidieron no abandonar también la sesión para poder debatir la siguiente propuesta, presentada por AGE y también rechazada, y en la que se pedía considerar festivo autonómico el 10 de marzo, Día da Clase Traballadora, en el que se recuerda la muerte de dos trabajadores durante las cargas de la policía en unas protestas en Ferrol en 1972.
LA PROPUESTA

El autor de la propuesta con la que se generó la polémica, el portavoz del BNG, Francisco Jorquera, ha sostenido en su intervención que la legislación de excepción y la dispersión penitenciaria que se aplican en caso de detenidos por “presuntos delitos de móvil político” conculcan, desde su punto de vista, “derechos humanos elementales”. “El BNG presenta esta proposición desde sus más firmes convicciones democráticas y pacifistas y como demócratas consideramos que todas las personas tienen derechos que deben ser escrupulosamente respectados”, ha apuntado.

Como “convencidos pacifistas”, ha proseguido, los integrantes del BNG denuncian “el intento de crear una alarma social totalmente infundada sobre la presunta existencia de terrorismo en Galicia”, así como “el intento de utilizar el terrorismo como un fantasma para alimentar el miedo, para demonizar al discrepante y para justificar la conculcación de los derechos humanos más elementales”.

“Señorías, ¿padecemos en Galicia un intento de dominación por el terror?”, ha preguntado Jorquera, parafraseando la definición de terrorismo de la Real Academia Española. “Lo cierto es que no está probada judicialmente la existencia de ninguna organización terrorista en Galicia”, ha añadido, en alusión a Resistencia Galega y ha argumentado así referirse a “personas presas por presunta comisión de delitos de violencia de móvil político”. “Negamos la mayor, la existencia de terrorismo en Galicia”, ha proclamado.

En este sentido, ha criticado que los detenidos y los presos relacionados con Resistencia Galega se les aplique la legislación de excepción, así como que se les incomunique y se les mantenga en prisión preventiva “como anticipo de pena” o sean trasladados a centros de fuera de Galicia. Ha considerado que se hace un “abuso” de las previsiones legales en estos casos.
PSOE Y AGE

Con Jorquera han coincidido tanto la representante de AGE, Yolanda Díaz, como la del PSdeG, Beatriz Sestayo. Esta última ha sostenido que “es una cuestión de respeto de los derechos humanos”, por lo que ha considerado que el Parlamento “no puede discordar”. Los puntos defendidos en la proposición no de ley, ha dicho, deben aplicarse a “todas las personas privadas de libertad” y “no en función de lo que estén acusados”.

Por su parte, Díaz ha indicado que en España “se están vulnerando el artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y el artículo 15 del Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950”. Además, ha dicho no compartir “este sueño del PP en el que llegó a afirmar que en Galicia había terrorismo”. “De verdad, vivimos en otro país. En absoluto hay terrorismo en nuestro país, negamos la mayor”, ha reivindicado.
“EN GALICIA SÍ HAY TERRORISMO”

Enfrente, Pazos Couñago ha replicado que en España “no se detiene a nadie por cometer delitos de violencia de móvil político” porque “es un tipo penal que no existe” y ha señalado que a los detenidos de los que habla el BNG “se les imputa tenencia de explosivos, colocación de artefactos explosivos, falsificación documental con finalidad terrorista, de financiación de grupo terrorista y de pertenencia a grupo terrorista”.

“En Galicia sí hay terrorismo, lo que no hay aún son muertos por terrorismo”, ha contestado y ha negado que existan torturas a los detenidos por estos casos. “Las denuncian sistemáticamente, está en todos los manuales para los detenidos por terrorismo”, ha dicho.

En su turno de réplica, Jorquera ha indicado que esperaba la “sobreactuación” del PP en esta cuestión y ha contestado señalando que el Comité de Derechos Humanos de la ONU y Amnistía Internacional han denunciado algunas de las prácticas aplicadas en España. El diputado del BNG ha acusado a los populares de “demonizar como terroristas” a los colectivos “que se oponen al PP”.

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