El Gobierno acude al Constitucional contra el independentismo catalán

 

 

El Consejo de Ministros ha acordado impugnar ante el Tribunal Constitucional la declaración soberanista aprobada por el Parlamento de Cataluña al entender que su contenido «no sólo no es compatible» con la carta magna sino que «produce efectos», al plantear el inicio de un proceso «para el que mandata a poderes públicos y ciudadanos». El Ejecutivo solicitará la suspensión de esa resolución hasta que se resuelva el conflicto.

La vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha hecho el anuncio en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, un paso que llega tras los informes de la Abogacía del Estado y del Consejo de Estado a favor de la oportunidad de esta impugnación.

La vicepresidenta ha precisado también que no se trata de un recurso de inconstitucionalidad ni de un conflicto de competencias, sino que se emplea la «tercera vía» que ofrece la Constitución, la de impugnar el acuerdo del Parlament del pasado 23 de enero. Y que espera que el presidente de la Generalitat, Artur Mas, lo entienda.

Sáenz de Santamaría ha hecho hincapié en que el Estado tiene la «obligación» de cumplir y hacer cumplir la Constitución, que la declaración soberanista contraviene. Acude por ello a los tribunales, con la normalidad con que lo hacen las comunidades autónomas cuando «se ven compelidas» a defender sus competencias o impugnar decisiones del Estado que consideran que les afectan.

Por ello, por esa obligación de defender la carta magna porque así lo prevé la propia carta magna, la vicepresidenta espera que Mas entienda la reacción del Gobierno y ha recalcado que el Gobierno respeta que las autonomías se defiendan también en el Constitucional. «La Constitución funciona en esa doble vía», ha insistido.

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