Inversión de 217.000 euros en A Coruña, para favorecer la inserción sociolaboral de mujeres e inmigrantes

La Junta de Gobierno Local ha aprobado este sábado la ordenanza municipal de terrazas -que se llevará al pleno de marzo-, así como dos nuevos proyectos que la Concejalía de Servicios Sociales desarrollará en el Agra del Orzán dentro del plan Urbana C y que suponen una inversión total de 217.000 euros. Con estas iniciativas cofinanciadas con fondos europeos, el Ayuntamiento contribuye a facilitar el acceso de las mujeres a un empleo y la inserción sociolaboral de los inmigrantes.

Además, en esta sesión, se ha acordado la adhesión al Fondo Social de Viviendas para Afectados por Desahucios, un programa de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para favorecer el acceso a una vivienda a las familias afectadas por desahucios hipotecarios.

URBANA C

El portavoz del Gobierno municipal, Julio Flores, ha informado de que, dentro de la apuesta por el empleo y por una formación de calidad para que los ciudadanos tengan mayores posibilidades de acceder a un trabajo, el Ayuntamiento ha autorizado la apertura de una convocatoria pública para seleccionar a una entidad sin ánimo de lucro que gestione acciones encaminadas a la incorporación de la mujer al mercado laboral.

La Concejalía de Servicios Sociales lleva adelante este proyecto enmarcado dentro del programa Urbana C, que se desarrollará en el barrio del Agra del Orzán y con un presupuesto de 55.095,25 euros -dinero procedente de fondos europeos-. El área que lidera el concejal Miguel Lorenzo busca con esta iniciativa los siguientes objetivos:

– Promover la incorporación de la mujer al mercado laboral.

– Incrementar su tasa de ocupación.

– Fomentar su participación en la vida social del barrio.

– Establecer medidas de conciliación de la vida laboral y familiar.

– Mejorar las posibilidades de empleo para las mujeres mediante cursos de formación, políticas específicas de apoyo y servicios accesibles.

La Junta de Gobierno ha ratificado una segunda propuesta de Servicios Sociales dentro del programa Urbana C para realizar una convocatoria abierta a agrupaciones sin ánimo de lucro para la gestión de un proyecto de contenido social dirigido a la población inmigrante y que se llevará a cabo en el Agra del Orzán. Contará con un presupuesto de 162.215,60 euros a través de fondos de la Unión Europea, e incluye actuaciones de información, asesoramiento y apoyo a los inmigrantes, además de favorecer su orientación e inserción sociolaboral y su participación en la economía y la vida social del barrio.

FONDO SOCIAL DE VIVIENDAS

El Gobierno municipal se adhiere al convenio para el Fondo Social de Viviendas para Afectados por Desahucios, un proyecto de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). El programa se dirige sobre todo a ciudadanos que se encuentran en una situación especial de vulnerabilidad social:

– Familias numerosas.

– Monoparentales con dos o más hijos.

– Con un menor de hasta tres años.

– Con un miembro con una discapacidad declarada superior al 33%.

– Cuando el deudor hipotecario desalojado se encuentre en situación de desempleo y haya agotado las prestaciones por paro.

– Familias donde exista alguna víctima de violencia de género.

El fondo social de viviendas de la FEMP cuenta con un total de 6.000 pisos destinados al alquiler en España; viviendas aportadas por las entidades financieras y a las que podrán acceder aquellas personas que hayan sido desahuciadas de su primera casa a partir del 1 de enero de 2008. El departamento municipal de Servicios Sociales se encargará de elaborar los informes en los que se evaluarán las solicitudes, para dar máxima prioridad a las demandas más urgentes y dar respuesta lo antes posible a este drama social.

Los fondos sociales se destinarán exclusivamente a familias cuyo desalojo se haya producido como consecuencia de una demanda de ejecución iniciada por la misma entidad de crédito que constituye el fondo social de viviendas. El conjunto de ingresos de los miembros de la unidad familiar no podrá superar el límite de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), es decir, 1.597,53 euros, y ninguno de ellos podrá disponer de otra vivienda en propiedad o de un derecho de usufructo.

Los contratos de arrendamiento de los pisos incluidos en el Fondo Social de Viviendas para Afectados por Desahucios serán por dos años -con la posibilidad de prorrogar un tercero- y la renta oscilará entre 150 y 400 euros al mes como máximo.

TERRAZAS

La Junta de Gobierno ha aprobado la nueva ordenanza municipal de terrazas, una normativa moderna y adaptada a la ciudad y que se ha elaborado con el máximo consenso, pues la concejala de Tráfico, Movilidad, Uso y Utilización del Dominio Público, Begoña Freire, ha mantenido reuniones de trabajo con las federaciones de vecinos, con los grupos de la oposición, con la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de A Coruña y con las asociaciones de personas con discapacidad y movilidad reducida (Grupo de Acceso Coruña) para exponerles el proyecto.

Esta ordenanza servirá de marco jurídico estable para lograr un equilibrio entre los intereses de hosteleros, vecinos y peatones, para dotar de mayor seguridad jurídica al sector de la hostelería para el desarrollo de su trabajo, para garantizar el derecho al descanso de los vecinos y para permitir el tránsito peatonal a través de una utilización racional del espacio público.

La nueva normativa impulsa el concepto de accesibilidad universal en todo tipo de calles. Así, la ocupación de las terrazas se establece en función del ancho de la acera, que no podrá superar la mitad de la anchura y que tendrá que garantizar un paso mínimo libre de 1,50 metros -podrá ser mayor según el criterio de los técnicos municipales-. La nueva norma permita instalar terrazas en aceras con un ancho de 2,50 metros, en lugar de los 3 metros de la ordenanza anterior, e incluso posibilita terrazas de pequeña dimensión en aceras de 2,30 metros con una ocupación máxima de 80 centímetros, siempre que se garantice un itinerario peatonal mínimo libre de 1,50 metros.

La ordenanza es lo suficientemente flexible como para contemplar casos singulares (ámbito PEPRI, calles peatonales, plazas, entorno de monumentos y zonas de interés histórico-turístico) y, al mismo tiempo, lograr una estética homogénea y armónica de las terrazas en determinados puntos de la ciudad, como puede ser en la Marina o en zonas peatonales.

La nueva norma también fija un horario general para todas las terrazas en función de la época del año y de los días de la semana, un horario que se reduce respecto a la ordenanza vigente para garantizar el derecho al descanso de los vecinos y que se adapta a la realidad de la actividad hostelera para facilitar su trabajo.

– Horario de inicio: 08.00 horas (en calles y zonas peatonales estará limitado por la finalización del horario de carga y descarga, que concluye a las 11.00 horas).

– Horario de finalización de octubre a abril: domingo a jueves (23.30 horas); y viernes, sábados y vísperas de festivo (00.30 horas).

– Horario de finalización en mayo, junio y septiembre: domingo a jueves (00.30 horas) y viernes, sábado y vísperas de festivo (01.30 horas).

– Horario de finalización en julio y agosto: 02.30 horas.

LICENCIAS URBANÍSTICAS

La Junta de Gobierno Local ha aprobado la concesión de licencias urbanísticas que supondrán una inversión en la ciudad de 4,02 millones de euros, lo que eleva la cantidad final desde el inicio del mandato hasta los 205,58 millones. Entre los expedientes tramitados destaca una nueva autorización para la construcción de un edificio en el polígono de la Escuela de Náutica, que contará con 30 viviendas y un aparcamiento con capacidad para 49 vehículos y 25 motos. Este acuerdo supone una inversión en San Roque de Afuera de 2,55 millones de euros.

El Gobierno local continúa así con este proyecto que quedó pendiente al final de la pasada legislatura y que permitirá completar la fachada marítima de la ciudad, modernizar su imagen y crear nuevos espacios públicos y 10.000 metros cuadrados de red viaria para comunicar el campus de Riazor con el paseo marítimo. Además, en la sesión de hoy se han concedido subvenciones por un total de 138.000 euros para rehabilitar dos edificios del barrio de la Sagrada Familia.

ESCUELAS INFANTILES

El Ayuntamiento ha dado esta mañana un paso decisivo en la tramitación de los expedientes que permitirán mejorar y ampliar los equipamientos educativos de la ciudad. Así, la Junta de Gobierno Local ha aprobado, de manera inicial, los estudios de detalle para la ampliación del Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Emilia Pardo Bazán, en Os Rosales, con una tercera edificación de 1.800 metros cuadrados; y para la ordenación de volúmenes para la construcción de una escuela infantil en el Agra del Orzán, dentro del programa Urbana C.

En este segundo caso, el Ayuntamiento continúa con una tramitación que garantiza la máxima seguridad jurídica del proyecto, pues con anterioridad ya se aprobó la segregación del complejo educativo en tres parcelas: el colegio de Infantil y Primaria Raquel Camacho, el instituto de Secundaria Agra I y la nueva parcela independiente de 904 m2 para la construcción de la escuela infantil.

El Gobierno municipal logra desbloquear una nueva herencia del bipartito, incapaz de avanzar en la pasada legislatura en la construcción de esta escuela infantil del Agra del Orzán, un equipamiento educativo financiado con fondos europeos a través del plan Urbana C. La Concejalía de Educación dispone de 495.844 euros en el presupuesto actual para desarrollar el proyecto.

SENTENCIA

El Ayuntamiento tiene que hacer frente a una nueva sentencia judicial que obliga a pagar 67.893 euros a la empresa que se encargó de las obras de ampliación del centro cívico municipal de O Castrillón, debido a la nefasta gestión urbanística de anteriores gobiernos locales.

El portavoz del Ejecutivo municipal explicó que esta incidencia tiene su origen entre los años 2006 y 2008, cuando el Ayuntamiento no abonó los intereses de demora correspondientes a todas las certificaciones de las obras de ampliación del centro cívico. La constructora Ferrovial Agroman reclamó estos intereses porque el Ayuntamiento pagó las certificaciones superados los 60 días de plazo desde la expedición de las mismas que marca la ley.

La empresa solicitó por vía administrativa el pago de dichos intereses de demora en 2010, pero el bipartito ni siquiera contestó a su reclamación. Debido a esta inacción del anterior Gobierno local, Ferrovial Agroman acudió a los tribunales, que ahora le han dado la razón y ha obligado al Ayuntamiento a abonarle 67.893,70 euros. «Una vez más, tenemos que hacernos responsables de las herencias envenenadas que nos dejó el bipartito y que afectan directamente al bolsillo de todos los coruñeses», ha lamentado Julio Flores.

INFRAESTRUCTURAS

La Junta de Gobierno también ha aprobado tres proyectos del área de Infraestructuras. El departamento que dirige Martín Fernández Prado reparará 16 pasarelas peatonales, distribuidas por diferentes barrios de la ciudad, un programa de actuaciones que se enmarca dentro del plan municipal de modernización y mejora de los espacios públicos.

Para esta iniciativa, con un plazo de ejecución de 10 meses, el Ayuntamiento reserva 549.400 euros, que permitirán, entre actuaciones, subsanar desperfectos en el pavimento, en las estructuras metálicas y de hormigón y todas aquellas deficiencias que se puedan detectar durante la ejecución de los trabajos.

Este proyecto pretende cuidar y homogeneizar la imagen de las pasarelas peatonales, permitiendo mejorar la estética de estas instalaciones tan utilizadas y que favorecen la movilidad y accesibilidad de los vecinos y la comunicación entre calles y barrios.

Infraestructuras también desarrollará un segundo proyecto: la pavimentación e impermeabilización de la plaza situada entre la avenida de Os Mallos y la calle Filipinas, así como la renovación de la calle Iberia. El Gobierno municipal destina 409.827,86 euros a estas obras, con un plazo de ejecución de cinco meses.

Por último, la Junta de Gobierno Local también ha aprobado la revisión y adopción de medidas correctoras para la modernización, instalación de equipos y sistemas de telegestión en los centros de mando que gestionan el alumbrado público. Con un presupuesto de licitación de 1,6 millones de euros, la inversión supondrá para las arcas municipales, como mínimo, un ahorro anual en el consumo eléctrico de 282.000 euros.

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