Conde Roa, llamado a declarar en la Operación Pokémon

 

El exalcalde de Santiago Gerardo Conde Roa ha sido citado a declarar el próximo 4 de marzo como imputado en la denominada ‘Operación Manga’, segunda fase de la ‘Pokémon’, que investiga supuestas adjudicaciones irregulares de contratos en varias ciudades gallegas, según han confirmado a Europa Press fuentes próximas a la investigación.

Conde Roa, que renunció a la Alcaldía en abril de 2012, tras ser procesado por un supuesto delito de fraude fiscal aún pendiente de juicio, ha recibido la citación una semana después de que agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) efectuasen un registro de su domicilio, del que se llevaron varias cajas de documentación.

Fuentes consultadas por Europa Press han apuntado que se intenta investigar si el exregidor pudo haber cometido prevaricación o tráfico de influencias desde el Consistorio, aunque la defensa de Conde Roa ha explicado que todavía no conocen los motivos exactos por los que se pide su presencia en el juzgado de Lugo.

En la misma jornada –el 14 de febrero– del registro en el domicilio de Conde Roa también fue detenido su exasesor Ángel Espadas, a quien la jueza instructora de la causa, Pilar de Lara, envió a prisión tras prestar declaración, y que de cuya militancia en el PPdeG ha sido suspendido de forma temporal.

El pasado 14 de febrero también fueron detenidos el delegado de Aquagest en Santiago y un promotor cultural, así como el ya exedil de Seguridad Ciudadana en Compostela Albino Vázquez Aldrey, que renunció a su acta en el Pazo de Raxoi tras salir en libertad bajo fianza.

ACCIONES JUDICIALES EN LA CAPITAL GALLEGA

La dimisión de Vázquez Aldrey llegó tras varios meses en los que las acciones judiciales han marcado el día a día de la capital gallega y del Consistorio compostelano, cuyo máximo representante, el alcalde popular Ángel Currás, tiene a día de hoy la condición de doble imputado por su implicación en la ‘Operación Pokémon’ y en un segundo caso de supuesta prevaricación y acoso moral a raíz de la denuncia de un policía local.

La capital gallega ha cobrado protagonismo por sus «escándalos de corrupción», en palabras de la oposición, pero también por el hecho de que Currás, que por el momento no tiene intención de dimitir, había relevado como alcalde a Gerardo Conde Roa menos de un año después de que éste recuperase para el PP la Alcaldía de la ciudad tras 30 años de dominio socialista.

Al margen de la salida de Conde Roa, desde el pasado septiembre, una cuarta parte de los miembros del grupo municipal de gobierno se han visto afectados por diversas acciones judiciales, además de dos funcionarios de los servicios de contratación y educación del Pazo de Raxoi, el jefe de gabinete del alcalde y la asesora para la coordinación de la Policía local en el Ayuntamiento.

PRIMEROS CASOS

El primer impacto de la ‘Operación Pokémon’, que investiga supuestos sobornos a políticos a cambio de adjudicaciones a empresas del Grupo Vendex, se produjo el 20 de septiembre del año pasado, jornada en la que fueron detenidos los ya exalcaldes de Ourense, Francisco Rodríguez (PSOE), y Boqueixón, Adolfo Gacio (PP). El mismo día se detuvo a un funcionario del servicio de contratación de la capital gallega.

Ya en diciembre, la jueza instructora de la causa, Pilar de Lara, citó como imputada a la concejala de Educación de Santiago, Rebeca Domínguez, ante sospechas de supuestas irregularidades en la contratación de personal en la guardería de Salgueiriños. También declaró como imputado un funcionario de su departamento y ambos dejaron el juzgado de Lugo sin fianza, aunque mantienen las imputaciones por supuesto tráfico de influencias.

A principios de enero, poco después de la declaración de Domínguez, el Ayuntamiento de Santiago volvió a centrar el protagonismo ante la decisión de la jueza de imputar al propio alcalde, Ángel Currás, y a su jefe de gabinete, Francisco Castro. La jueza mantuvo los cargos del regidor tras prestar declaración el 17 de enero, pero no le aplicó medida cautelar alguna, como tampoco a su asesor. A la salida, Currás ratificó que no dimitiría.

 

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