El presidente pide un pacto contra la corrupción y advierte a Cataluña: «siempre con la Constitución».

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha planteado este miércoles a los demás grupos una oferta de pacto contra la corrupción que incluirá varias reformas legales, como la Ley de Transparencia (ya en tramitación parlamentaria), una Ley Orgánica reguladora del ejercicio de las funciones políticas y una Ley Orgánica de control de la actividad económico-financiera de los partidos y de sus fundaciones. Además, ha abogado por endurecer las penas contra los corruptos y aumentar el plazo de prescripción para ese tipo de delitos.

En concreto, el jefe del Ejecutivo ha apostado por incluir en la Ley de Transparencia a los partidos políticos, las organizaciones empresariales y sindicales. Además, ha planteado una reforma del Código Penal para endurecer las penas previstas para estos delitos y una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que agilice los procedimientos.

«Me repugna que en España surjan casos de corrupción pero me enorgullece que las instituciones funcionen en su persecución», ha proclamado Rajoy en el Debate sobre el estado de la Nación, sin citar en ningún momento el llamado ‘caso Bárcenas’ que afecta a su partido.

El jefe del Ejecutivo argumentó que es una insidia decir que hay un estadio generalizado de corrupción en España y que nos hundimos por causa de la corrupción, criticando que se quiera crear una nueva «leyenda negra» de España.

CATALUÑA

Por otra parte, Mariano Rajoy ha ofrecido a la Generalitat de Cataluña diálogo y negociación para atender «necesidades insatifechas, o carencias fiscales, económicas o competenciales», pero siempre dentro de la Constitución, cuya reforma en este momento no ve oportuna.

Durante su intervención en el debate sobre el estado de la nación, Rajoy ha dejado para el final una reflexión sobre la «organización territorial» y la «estabilidad política» del Estado. Y sin citar a Cataluña, ha hecho oferta de diálogo para quien se sienta insatisfecho con su situación, pero advirtiendo de que el Gobierno será siempre «garante» de la Constitución.

La reforma de la carta magna, ha añadido, es posible y está de hecho prevista, pero «hay que tener muy claro qué se pretende reformar, si el momento es el más oportuno para hacerlo y si existe o no suficiente grado de consenso social y político para ello».

 

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