Galicia, Andalucía y Castilla piden compensación por el fín del «Objetivo Uno» de la UE

Declaración final  AQUÍ

 

La Xunta de Galicia,  la Junta de Andaucía y la de Castilla- La Mancha se han reunido este lunes en Madrid para firmar una declaración conjunta de apoyo al Gobierno central en la negociación de los fondos comunitarios ya que las tres, que abandonan el grupo de regiones «menos desarrolladas» en el marco de la política de cohesión de la Unión Europea, temen que el «esfuerzo haya sido baldío» y se produzca una «vuelta atrás», por lo que demandan una ayuda transitoria.

El acuerdo ha sido rubricado por el consejero andaluz de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Antonio Ávila; el vicepresidente y conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda; y el consejero de Presidencia e Administraciones Públicas de la Junta de Castilla-La Mancha, Leandro Esteban, en la Casa de Galicia de Madrid.

Las tres comunidades, la primera gobernada por el PSOE y las otras dos por el PP, han firmado así una declaración en la que muestran su preocupación por lo que conllevaría un «corte abrupto» de los fondos estructurales para el periodo 2014-2020 y reclaman una ayuda como regiones de transición que sea, como mínimo, de dos tercios de los fondos que perciben actualmente.

Justifican esa petición señalando que el hecho de que abandonen el grupo de «menos desarrolladas» es el resultado de que se han adquirido capacidades y habilidades y de que están viviendo el «cambio estructural necesario», pero «no ha transcurrido el tiempo suficiente para su asentamiento y su consolidación».

Así las cosas, se recoge que «para que esos resultados se afiancen es preciso que se mantenga la tensión impulsora que los ha propiciado» y más, si cabe, en el actual entorno económico de «profunda crisis».

Los tres responsables regionales celebran en la declaración que la «red de seguridad» se mantenga en el documento de negociación del Consejo, si bien lamentan que en su ultima versión la intensidad de la ayuda se rebaje al 60 por ciento. Así, solicitan al Estado que, de confirmarse esa propuesta, en el marco de otras ventajas compensatorias que la UE pudiera ofrecer a España, garantice las «compensaciones adecuadas» para hacer frente a la drástica disminución de ingresos para las tres regiones.

«EJEMPLO» Y «OBJETIVO COMÚN»

De este modo, el consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo andaluz, Antonio Ávila, ha subrayado que se trata de «trasladar el apoyo sin ningún género de dudas» al Gobierno de España en la negociación, que se aborda esta semana en el seno de la Unión Europea, y de mostrar que las tres regiones son «ejemplo» de cómo con la aportación de fondos europeos se puede pasar de ser una región menos desarrollada «a una más».

Por su parte, Alfonso Rueda, vicepresidente de la Xunta de Galicia, ha puesto en valor «el objetivo común» de las tres comunidades: «Hacer más fuerte nuestra voz ante las instituciones europeas». «Las tres comunidades tenemos muy claro que necesitamos seguir siendo destinatarias de esos fondos», ha insistido Rueda para añadir que este asunto no tiene que ver ni con «diferencias geográficas» ni políticas ya que se trata de una «necesidad objetiva» que constatan las tres comunidades.

En su comparecencia ante los medios de comunicación, el responsable andaluz ha advertido de que el «esfuerzo realizado» no puede quedar «baldío o sin mantenimiento», por lo que ha señalado que tanto para Andalucía como para el resto de las comunidades, las ayudas han supuesto, apoyos en la cualificación de mano de obra, las infraestructuras o las empresas y si «dejaran de existir de golpe», «tendría un impacto muy negativo en los presupuestos».

En cifras, los responsables de las tres comunidades han señalado que Andalucía demanda unos 8.700 millones de euros, de los 11.900 que recibe como región de convergencia (en los que no se incluyen los fondos agrarios y de desarrollo rural); mientras que, de cumplirse esa red de seguridad de las dos terceras partes, Galicia espera ser destinataria de cerca de 2.500 millones de euros.

Por su lado el consejero de Presidencia de Castilla-La Mancha, Leandro Esteban, ha advertido de que la diferencia entre los algo más de 2.300 millones de las ayudas financieras que recibe actualmente y lo que supondría que ese corte se realice «de una manera abrupta», significaría que su financiación se vería reducida en casi mil millones de euros, «algo verdaderamente importante para una economía como la de Castilla-La Mancha».

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