Ourense reclamará 800.000 euros a la empresa de limpieza por incumplir el contrato

El Ayuntamiento de Ourense reclamará unos 800.000 euros a la empresa que gestiona el servicio de limpieza y recogida de basura en la ciudad, Ecourense UTE, al presentar «deficiencias» en la prestación del servicio e «incumplir» con el pliego de condiciones del contrato establecido con la institución municipal ourensana.

La edil responsable de Limpieza del Ayuntamiento de Ourense, Susana Bayo, ha comparecido este martes en una rueda de prensa acompañada por el alcalde de la ciudad, Agustín Fernández, que tuvo lugar en el salón de plenos de la institución municipal.

En sus intervenciones, ambos se remitieron a un informe de una auditoría que el Ayuntamiento encargó a una empresa para conocer cómo se estaba prestando este servicio en la capital de As Burgas. Aunque quisieron dejar claro que están «satisfechos» con el mismo y que la valoración es «muy alta» por parte de los vecinos de la capital, consideran que tiene «que mejorar» para llegar a la «excelencia», que «es lo que se merecen los vecinos», según han matizado.

La edil de Limpieza, Susana Bayo, ha manifestado que el resultado del informe encargado a la auditoría es que la empresa concesionaria, Ecourense UTE, que lleva dos años y medio gestionando el servicio de limpieza en la ciudad incumplió el contrato en «medios humanos, maquinaria, limpieza y recogida de basura», entre otros aspectos y añadió que el montante económico total alcanza los 775.548 euros.

«UNA DE LAS CONTRATAS QUE MÁS CUESTA»

En su intervención, Susana Bayo apuntó que aunque se encuentran «satisfechos» con el servicio que presta en la actualidad la empresa concesionaria del servicio de limpieza y recogida de basura en la capital de As Burgas, éste debe de ser «excelente», porque se trata del «una de las contratas que más cuesta a este Ayuntamiento·

De hecho, ha señalado que la auditoría servirá para «ayudar» a que la empresa concesionaria «así lo haga». Con todo, explicó que el Ayuntamiento de Ourense reclamará esta cantidad a la empresa, le abrirá un expediente sancionador y remitirá el informe de la auditoría a los servicios jurídicos para que determinen si da lugar a una «sanción».

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