La factura sanitaria de los «sin papeles» será pasada a los paises de origen

El director general de la Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, Agustín Rivero ha confirmado que los ‘sin papeles’ que tengan alguna enfermedad crónica serán atendidos de la misma forma que el resto de pacientes pero que si no pueden hacer frente a la factura, ésta tendrá que ser abonada por sus países de origen.

Rivero ha indicado que esta situación es la misma a la que se ven expuestos los españoles al visitar otras naciones. «Cuando vamos a otros países tenemos que pagarlo o lo tiene que pagar nuestra Seguridad Social», sostiene.

Así, Rivero ha reiterado que existen «bastantes» convenios de colaboración bilateral con otros países. Sin embargo, señala que será el médico quién decidirá si es urgente, «y si hay que tratar a ese paciente».

Según su criterio, «no puede ser otra persona» la que tome esta decisión, porque sólo el médico sabe si acarrea o no un riesgo vital el no someterse a un tratamiento. No obstante, Rivero pone de relieve que «posteriormente se tendrá que ver quién es el que financia esa asistencia que se ha dado. Hay que ver cómo se va a realizar el pago de esas asistencias», concluye.

Objeción de conciencia
Un mes más tarde de que la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria pidiera a los médicos recurrir a la objeción de conciencia para poder atender a los inmigrantes, han sido ya 1.035 profesionales que se han acogido a este derecho.

Según ha confirmado el secretario general de SEMFYC, Salvador Tranche, esta propuesta ha sido bien acogida entre los Médicos de Familia, por lo que ha calificado de «excelente» que en tan sólo un mes se hayan sumado más de 1.000 facultativos. «Es poco tiempo pero parece que la respuesta es excelente, teniendo en cuenta que mucha gente está a favor pero que le cuesta un poco manifestar públicamente su objeción», ha comentado.

Y es que, a juicio de la Sociedad, el Real Decreto de Sanidad que establece la retirada de la asistencia sanitaria a los inmigrantes sin papeles que ya están siendo tratados en España, supone un «conflicto ético» entre los profesionales en relación a su deber con el Sistema Nacional de Salud y su deber con estos pacientes.

Objetar jurídicamente
El Consejo de Enfermería ha advertido a los enfermeros sobre la «inviabilidad jurídica» de la figura de la objeción de conciencia ante casos de no beneficiarios de la asistencia sanitaria en España. Además, les ha recordado que, por este motivo, tratar a inmigrantes en situación irregular puede ser considerado como «desobediencia civil o insumisión» con todas las consecuencias jurídicas, judiciales y laborales que esto conlleva.

En este sentido, el Consejo, tras consultar a los servicios jurídicos de la organización, ha señalado que el Ministerio de Sanidad es la única entidad estatal con plena competencia para decidir y determinar qué personas pueden acceder a las prestaciones sanitarias con cargo a los fondos públicos. Por ello, cuenta con la potestad de acudir al Estado de Derecho y así hacer cumplir dichas normas si no se acata la obligación de los sanitarios de seguirlas

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