Feijóo, contrario a reducir la asistencia sanitaria a los inmigrantes

En una entrevista concedida a la agencia Europa Press, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, se declara «no partidario de reducir la asistencia sanitaria» al colectivo de inmigrantes sin permiso de residencia, pero esperará a «ver bien» el texto definitivo de la orden del Ministerio de Sanidad sobre el cobro a los sin papeles por ser atendidos para analizar con «qué resquicio legal» cuenta la Comunidad gallega.

«Antes de tomar una decisión, primero voy a ver qué resquicio legal tenemos, y en base a eso, actuaremos», ha aseverado en una entrevista concedida a Europa Press, en la que alude al «escaso número de inmigrantes» con el que cuenta Galicia, que cifra en aproximadamente un 3% sobre la población total de la comunidad.

Al respecto, indica que es necesario «ver bien el impacto que tiene en la comunidad» el proyecto de orden que establece que los inmigrantes irregulares que no padecen enfermedades crónicas tendrán acceso a la sanidad pública si pagan una cuota anual, con la finalidad de analizar «qué solución en el cumplimiento de la ley se le puede dar».

«Yo de entrada, desde luego no soy partidario de disminuir la asistencia sanitaria», confiesa Feijóo, quien fue presidente del Instituto Nacional de Salud (Insalud). Lo que sí le parece «correcto» es «establecer algunas cautelas o algunas necesidades en materia de fármacos o en otras».

En cualquier caso, tacha de «fariseísmo» el «hablar primero de inmigrante ilegal» y después sostener «que lo ilegal tiene que ser igual a lo legal». «No nos olvidemos que esto es la Unión Europea y hay unas reglas, de la misma forma que hay países como Alemania o Austria donde esto ni se plantea. Si no llevas la tarjeta de la UE, tienes que pagar y no somos ilegales, simplemente somos turistas», ha puntualizado.

Así, ha defendido que «España es uno de los pocos países de la UE en los que a nadie se le va a negar una asistencia en la que esté en riesgo la vida de un paciente», mientras que «en la mayor parte de los países del mundo, un señor que no tiene derecho a asistencia en ese país, o paga o no se le atiende». «Ahora, sobre la atención ordinaria, la atención permanente, vamos a ver lo que pone la ley y en base a lo que pone la ley vamos a actuar», ha agregado.

Al respecto, ha recordado que Galicia se «anticipó» a la decisión de que «toda persona sin prestaciones porque haya agotado el paro no tendrá que hacer nada para mantener su tarjeta sanitaria individual y el Sergas le seguirá prestado asistencia sanitaria». En cualquier caso, se ha amparado en no conocer «exactamente» lo dicho por su compañero de partido Rafael Hernando y no se ha pronunciado acerca de si está de acuerdo con que, ante los recursos limitados del Estado, hay que priorizar a las personas que cotizan a la Seguridad Social frente a los sin papeles.

PRORROGAR LOS 400 EUROS

Sobre la ayuda de 400 euros que reciben los empleados sin ninguna prestación, que desaparecerá si no se prorroga antes del 15 de agosto, el presidente gallego ha abogado por su permanencia, siempre y cuando las cuentas públicas lo permitan. «Vamos a ver cuál es la situación económica de nuestro país, pero si puede pagarla, sin duda que la prorrogue», ha recomendado al Ejecutivo de Mariano Rajoy.

Eso sí, ha reflexionado acerca de que esa prestación no estaría en cuestión y podría beneficiar a más personas si el año pasado el aún Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero no se hubiese gastado «90.000 millones de euros más de lo presupuestado» y «si en lugar de un déficit público del 8,9%, lo hubiese dejado en el 6%».

«El problema que hay aquí es el problema de administrar la miseria y de eso, honradamente, creo que no es responsable al que le han dejado miseria, sino el que ha provocado la miseria», ha sentenciado. Al respecto, ha reprobado que «aquí se ha engañado mucho» y ha alertado de que «lo que se va a recaudar de más de IVA y del IRPF» tan sólo supone «la mitad del déficit oculto».

MENOS DIPUTADOS

El presidente de la Xunta ve factible acometer la reforma de la Ley electoral gallega para recortar diputados por trámite de urgencia ya que sólo requiere «modificar un número y poner 61 donde hay 75». «Me da la sensación de que no se tarda mucho entre una cosa y la otra», ha manifestado, tras ser preguntado por si considera posible recurrir a la vía más ágil para aprobar una norma en la Cámara.

En un escenario en el que la ciudadanía exige «no sólo medidas, sino gestos» para seguir apoyando a las instituciones, Feijóo ha señalado que, en todo caso, no basta con reducir un 18 por ciento los parlamentarios, sino que también hay que rebajar sus sueldos, así como las subvenciones a los partidos políticos.

 

«Hay que reducir las subvenciones a partidos políticos porque esas ayudas estaban previstas con un presupuesto de la Xunta de 12.000 millones de euros y ahora serán 8.400», ha justificado Feijóo, para añadir que su «propuesta» es bajar las subvenciones a partidos «en torno al 25 por ciento». Sindicatos y empresarios, ha recordado, también han sufrido recortes en las ayudas que les llegan de las arcas públicas.

En relación a las subvenciones para partidos con representación parlamentaria, la instrucción que dictó la Xunta poco después de la convocatoria formal de las elecciones de 2009 determinaba 19.413,66 euros por cada escaño obtenido; setenta y dos céntimos por cada voto conseguido y 20 céntimos por elector por gastos de envío directo de sobres, papeletas o propaganda y publicidad electoral.

Tres años y medio después, Feijóo justifica su propuesta de bajar estas ayudas, así como el recorte de parlamentarios y sus sueldos, en base a la difícil situación económica y a que «hay que entender a la gente». «Estamos en una situación en la que se necesitan no sólo medidas, sino también gestos para que la gente siga apoyando a sus instituciones y no entrar en el bucle de hacer una enmienda a la totalidad y plantear cuestiones antisistema», ha avisado.

Por ello, sostiene que la oposición se equivoca al defender «un Parlamento de 75 diputados al coste de 61». «A mí me gustaría tener un Parlamento de 61 diputados al coste de 47», ha contrapuesto, antes de replicar a las «malintencionadas» críticas de ventajismo electoral de PSdeG y BNG que «con 61 escaños no hubiese cambiado ningún Gobierno en los últimos 30 años de la Xunta».

«BUSCAR NÓMINAS»

«Si la actual oposición no es capaz de conseguir un porcentaje de votos similar al que consiguieron Touriño y Quintana no es mi problema, es el suyo», ha continuado Feijóo, quien vincula el rechazo de los grupos de la oposición, que ya han advertido de que no participarán de esta reforma, con su interés en «buscar nóminas» en el Pazo do Hórreo «que les permitan colocar sus distintas tendencias».

Dicho esto, ha advertido de que la Cámara «no está para solucionar las divisiones internas de un partido», sino para «representar a los ciudadanos cumpliendo el Estatuto». Al tiempo, ha negado que su propuesta de recortar diputados dé la razón a quienes opinan que sobran políticos. «¿Por qué sobran políticos cuando los diputados que planteamos son los que dice el Estatuto que tenemos que tener?», se ha preguntado.

Tras incidir en que la horquilla del Estatuto establece «entre 60 y 80 diputados», ha defendido que una Cámara de 61 es «igual de democrática» que una de 75 y, preguntado sobre la posibilidad de variar el fijo de 10 parlamentarios por provincia para garantizar que el peso de todos los votos sea el mismo, ha advertido de que abrir el debate poblacional puede «perjudicar» a Galicia si se traslada al ámbito estatal.

«Si entramos en ese debate, imagínese un voto de un madrileño o de un barcelonés frente al de un coruñés o de un pontevedrés en la elección de las Cortes Generales», ha ejemplificado, antes de reafirmarse en que «el voto en función de la población en sentido estricto» a Galicia «no le interesa».

LEY DE ESPERA SANITARIA

En el tramo final de la legislatura, preguntado por qué compromisos pendientes ve irrenunciables antes de las elecciones, Feijóo se ha referido «a la segunda fase» de la reducción de la administración y entes paralelos. También ha aludido a la fusión del Consello Económico e Social (CES) y del Consello Galego de Relacións Laborais, así como a la integración del Consello Galego da Competencia y el Instituto Galego de Consumo (IGC), que comprometió en el último debate de política general.

Cumplir con el déficit público y «apuntalar por ley, antes de disolver la Cámara, los tiempos máximos de espera sanitaria –como ha pedido el PP–, también es fundamental para el presidente, quien ve necesario «seguir insistiendo en que Galicia tiene un autogobierno más ágil, menos pesado, más eficiente y que aumenta los derechos sociales pese a la crisis económica».

Sobre el contenido del anteproyecto que sacará adelante, ha aludido a «proteger el derecho a la elección del ciudadano, que sea el que le diga a la administración a dónde va a ir y no al contrario». También, ha subrayado que se garantizarán los tiempos máximos de espera sanitaria en las enfermedades más graves.

«La atención a patologías prioritarias debe tener una garantía legal y que, si no se cumple, pueda ir a otro centro y pasar la factura a la administración», ha sentenciado, para insistir en que, a día de hoy, la atención a las enfermedades de mayor prioridad «ya está en unos parámetros francamente buenos, de 15 o 16 días».

«CUMPLIMIENTO TAXATIVO» DE LOS PAGOS

A lo largo de la entrevista con Europa Press, Feijóo ha reivindicado en repetidas ocasiones la «solvencia» de Galicia y, preguntado por las quejas de colectivos como los centros de personas con discapacidad por el retraso de pago en las facturas, ha replicado que la Xunta «cumple taxativamente con el acuerdo de que no haya demoras por encima de los 60 días».

Con todo, ha admitido que «todas» las administraciones «están sufriendo tensiones de tesorería» porque «está bajando la recaudación». Además, ha esgrimido que la Xunta no quiere suscribir la deuda que tiene autorizada «en un momento de mayor riesgo» en los mercados. «Yo no quiero gastarme el dinero de los gallegos porque no es mío. A mí me pagan por administrarlo», ha reflexionado.

A renglón seguido, ha recordado la «herencia» que recibió cuando tomó las riendas de la Xunta porque «hubo quien gastó 2.300 millones más de los que tenía presupuestado». Frente a ello, ha insistido en que él se ajustará al objetivo de déficit y que, «aunque podría dejar 300 o 400 millones comprometidos fuera de la contabilidad», ya que está en su último año de gobierno, no lo hará porque no lo ve «correcto ni ético».

GALICIA «NECESITA UN GOBIERNO»

Preguntado por si cree que Galicia debería empezar 2013 con un nuevo Gobierno que asuma desde los primeros meses la labor de frenar la crisis, ha replicado que «lo dirá cuando lo tenga decidido», dando a entender que aún reflexiona sobre cuando fijará la fecha de las elecciones autonómicas.

En cualquier caso, ha proclamado que Galicia «necesita un Gobierno» y que «cuanta menos interinidad mejor» porque «no hay tiempo» y la comunidad «se juega todas las semanas cosas importantes». Por ello, «no tiene dudas» de que el próximo Gobierno «no puede tener un mes y medio para conformarse» ni de que «no se puede perder mucho tiempo en períodos preelectorales y campañas al uso».

«Estamos en un escenario en el que hay que mantener la solvencia», ha aseverado, para concluir que él «nunca» ha vivido una situación como la que enfrenta ahora mismo España.

ABORTO

Por otra parte, Feijóo ha remitido a cuando haya «una propuesta concreta» para aportar su opinión sobre la propuesta del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, de que se elimine la malformación del feto como supuesto para poder interrumpir un embarazo.

Preguntado si le recomendaría que eludiese ese punto en la reforma de la legislación sobre el aborto, se ha limitado a manifestar su «confianza» en Gallardón. «Me parece un político notable, en su preparación, en su currículum, en sus éxitos electorales y en su planteamientos respetuosos con el conjunto de la sociedad», ha agregado.

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