El Gobierno afronta la lucha contra el fraude

El Consejo de Ministros ha analizado el Anteproyecto de Ley de intensificación de lucha contra el fraude que completa el Real Decreto Ley de medidas tributarias aprobado el 30 de marzo.

La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, ha explicado que la norma establece medidas adicionales a las ya adoptadas para luchar contra la economía sumergida y el fraude en nuestro país. La futura ley supone un mayor rigor contra los defraudadores y fija medidas novedosas para lograr cobrar deudas tributarias defraudadas.

Sáenz de Santamaría ha subrayado que entre esas medidas está la limitación de los pagos en efectivo a 2.500 euros en operaciones donde participen empresarios o profesionales y la obligación de los contribuyentes de declarar el patrimonio que tengan en el extranjero.

La norma facilita los embargos preventivos y demás medidas cautelares para garantizar el cobro de deudas tributarias. La vicepresidenta ha puesto como ejemplo que algunas deudas están pendientes por delito fiscal o por expedientes de inspección ante la Agencia Tributaria y el deudor se coloca en una situación de insolvencia que evita su cobro.

La futura ley, ha dicho, «establece la posibilidad de que la Agencia Tributaria, desde el primer momento, pueda adoptar medidas cautelares que eviten que el deudor se coloque en situación de insolvencia o acometa un alzamiento de bienes para que la Agencia no pueda cobrar».

Equidad y recaudación lamoncloa.gob.es El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha señalado que los objetivos de la norma son ganar equidad tributaria y aumentar la recaudación.

En este sentido, ha asegurado que «no hay sistema justo cuando existe economía sumergida y dinero negro, y por tanto, la voluntad del Gobierno es corregir la economía sumergida, luchar contra el fraude y hacer más eficaces las medidas tributarias adoptadas, incluida la regularización de activos» que de manera extraordinaria fue refrendada por el Congreso de los Diputados.

El ministro ha detallado los pormenores del informe y ha precisado que no hay una estimación cualitativa sobre los resultados del plan. «Por supuesto que aumentará la recaudación pero no queremos incluir ninguna cifra más como ingreso presupuestario que no tenga la mayor certeza y garantía para que el Presupuesto de España y su objetivo de corrección del déficit público ganen en credibilidad».

Montoro ha manifestado que la limitación de efectivo a 2.500 euros en operaciones empresariales y profesionales es una medida pionera. Asimismo, ha indicado que no se aplicará cuando el pagador sea un particular no residente: «Se trata de favorecer al turista que trae dinero en efectivo y pretende gastarlo en compras en España».

El ministro ha añadido que el incumplimiento de la medida supone una infracción administrativa tanto al pagador como al comprador del 25% del valor del pago satisfecho en efectivo, y ha aclarado que eso no evita cualquier otra penalización que se derive de la aplicación de la normativa tributaria.

Cristóbal Montoro también ha citado como medida pionera la obligación legal de informar sobre cuentas y valores situados en el extranjero. Su incumplimiento también conllevará una sanción específica.

El ministro ha explicado que se declara la imprescriptibilidad de las rentas no declaradas, de manera que las rentas descubiertas que no hayan sido declaradas imputarán al último periodo impositivo entre los no prescritos.

Asimismo ha indicado que se establece la exclusión del régimen de estimación objetiva para aquellos empresarios que facturen menos del 50% de sus operaciones a particulares. Dicha exclusión sólo operará para empresarios cuyo volumen de rendimientos íntegros del año anterior sea superior a 50.000 euros.

La norma también habilita a la Administración Tributaria para que acuerde la prohibición de disponer de inmuebles situados en sociedades en litigio con Hacienda. Además se establecen sanciones de entre 1.000 y 10.000 euros a quienes se nieguen a ser inspeccionados.

Reforma del sistema universitario lamoncloa.gob.es El Consejo de Ministros ha aprobado la creación de una Comisión de Expertos con el fin de reformar el sistema universitario español, una reforma que, tal y como ha afirmado el ministro de Educación, Cultura y Deporte, «es una prioridad de primer orden».

José Ignacio Wert ha explicado que en los últimos años se ha producido una gran extensión de la educación universitaria en España. «Tenemos más de un millón y medio de alumnos a los que se han venido destinando recursos públicos crecientes», el gasto por alumno está en niveles iguales o superiores a la media de la OCDE, pero la situación «no es satisfactoria», ha afirmado.

En esta línea ha señalado que ninguna universidad española está entre las 150 mejores del mundo, que hay un 30% de abandono universitario, casi el doble de la media europea (16%), y que sólo un tercio de los universitarios españoles termina sus estudios sin repetir curso. Estos datos significan, a juicio del ministro, que «estamos tirando más de 3.000 millones de euros».

El ministro ha añadido que en España hay 79 universidades, frente a las 10 de California, cuya población es semejante a la española; 2.413 grados universitarios; 2.758 másteres oficiales; y 1.680 doctorados. Estas cifras, para Wert, representan una «desproporción entre resultados e inversión» que es «susceptible de mejorar».

El sistema de gobernanza universitaria tampoco «ha dado el resultado esperado», por lo que es evidente, ha sostenido el ministro, que el sistema universitario español necesita una profunda reforma. Con este fin se ha creado una Comisión de Expertos, «independiente, plural y del más alto nivel científico y académico», cuyo objetivo es evaluar, orientar y diagnosticar, en seis meses, la situación del sistema para emprender las reformas oportunas.

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