75.000 mujeres sufren acoso laboral por la maternidad

 

La maternidad sigue siendo un problema para las mujeres españolas. Varios estudios confirman esta realidad. Para la Fundación Madrina, el 90 por ciento de las mujeres sufre «mobbing» maternal en sus lugares de trabajo y la maternidad se ha convertido en un factor de exclusión laboral y social para las mujeres y su embarazo supone «un factor de riesgo». De hecho, el 42,08 por ciento de las mujeres que interrumpieron su embarazo durante 2010 no estaban empleadas.

El Barómetro Cisneros XI del Instituto de Innovación Educativa y Desarrollo Directivo establece que 75.000 mujeres sufren «mobbing» por su maternidad. Uno de los autores del estudio, Iñaki Piñuel, profesor de Recursos Humanos de la Universidad de Alcalá, aplaude las palabras del ministro del Interior y confirma que la violencia estructural que sufre la mujer acaba en despido, degradación o la no renovación del contrato. Las mujeres lo saben, lo que ha llevado a España a ser el segundo país con menor tasa de natalidad del mundo, las mujeres cada vez tienen los hijos más tarde».

Piñuel considera que «estamos haciendo las cosas mal, al contrario que en el resto de Europa, donde se protege a la mujer embarazada y se conceden subvenciones».

«Cuando se acosa a una mujer en el trabajo por este motivo, no se hace para destruirla personalmente, sino para dar ejemplo al resto de empleadas, para desincentivarlas», explicó.

Nueva legislación para promover la maternidad

El Ministerio de Justicia no sólo tiene previsto darle la vuelta casi por completo a la ley de plazos del aborto aprobada hace ahora dos años, sino que estudia endurecer la ley aprobada por el Gobierno de Felipe González en 1985 y que estuvo vigente durante 25 años. En concreto, la intención del departamento que dirige Alberto Ruiz-Gallardón es limitar los supuestos en los que se permite interrumpir el embarazo, en concreto el que hace referencia a la existencia de peligro para la salud psíquica de la mujer. En este caso, la norma no establecía tiempo máximo para llevar a cabo el embarazo, como tampoco lo había en el caso de que hubiera peligro para la vida de la madre. Pero es la referencia a la salud psiquiátrica la que será modificada, estipulando un tiempo máximo para poder abortar.

Así lo han confirmado fuentes gubernamentales, que justifican este endurecimiento de la norma de 1985 en que “era un auténtico coladero para el aborto tardío”, señalan.

Gobierno y PP cerraron ayer filas con el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, frente a la visceral reacción de la izquierda ante sus declaraciones en favor de que se combatan los «obstáculos» institucionales, económicos, empresariales y sociales que dificultan que la mujer que quiere ser madre pueda seguir adelante con su embarazo en determinadas circunstancias.

Gallardón comparecerá ante la comisión de Justicia del Congreso para explicar el sentido de su afirmación de que hay una «violencia de género estructural» que obliga a abortar. Lo que, según aclaró en una conversación informal en el Parlamento, se constata en el miedo de muchas mujeres, cuando se quedan embarazadas, a perder su trabajo, a perder su permiso de residencia o a no ser contratadas si se presentan a una oferta de trabajo.

Si una mujer quiere seguir adelante con su embarazo, ¿tiene apoyo institucional, económico y laboral? La respuesta es «no».  ¿Hay discriminación social o laboral para una mujer por el mero hecho de estar embarazada? La respuesta, según el Gobierno, es «sí». Y esas respuestas es lo que dicen que quieren cambiar con una ley que incluirá la modificación del Código Penal para volver a los supuestos, «con una mayor precisión y una mayor exigencia en el control y en su cumplimiento» a diferencia de la legislación derogada por el PSOE; y que, además, recogerá también un paquete de actuaciones institucionales y en el ámbito laboral para que las mujeres que quieran seguir adelante con su embarazo puedan hacerlo sin tener que recurrir al aborto.

Entre las medidas que aparecerán en la nueva ley estará un plan de ayuda a las madres solteras; incentivos a las empresas que prioricen la conciliación (centros infantiles en los lugares de trabajo, racionalización de los horarios laborales…); e incluso una revisión del sistema de adopción para facilitar el proceso. El PP ya apuntó en esa dirección cuando estaba en la oposición. La crisis es un obstáculo, evidentemente, para la puesta en marcha de esas «alternativas»  al aborto que promete el Gobierno, pero éste insiste en que, pese a la crisis, hay posibilidades de actuar y de garantizar a la mujer su derecho a la maternidad y que la igualdad sea efectiva.

La nueva legislación recogerá, por tanto, un marco para que la mujer que se ha quedado embarazada y no quiere seguir adelante pueda abortar, «siempre que se ajuste a los supuestos establecidos en la ley». Pero también garantizará que ninguna mujer que quiera ser madre «deje de serlo por cualquier tipo de presión».

Entre las voces que apoyaron ayer al titular de Justicia está la del ministro del Interior, Jorge Fernández; la de la ministra de Sanidad, Ana Mato; o incluso la del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, uno de los dirigentes del PP con un perfil más centrista. «Decir que el aborto no es la única salida no ofende a nadie, tampoco a las mujeres, que tienen todo el derecho a ser madres», dijo.

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