El Parlamento aprueba las medidas en el empleo público contra la crisis

Los votos del PPdeG han sacado adelante en solitario la ley de medidas en el empleo público, tramitado este martes en el Parlamento por de lectura única, lo que provocó que tanto el PSdeG como el BNG –que votaron en contra del texto– pidiesen la palabra antes del debate para solicitar la eliminación de este punto del orden del día, al considerar que el procedimiento “conculca” las funciones legislativas y deja a la Cámara como “un elemento decorativo”. Además, las decisiones de la Xunta, han denunciado socialistas y nacionalistas, “cercenan” derechos de los empleados públicos y “dinamitan” los servicios.


Alfredo Súarez Canal, BNG


Xosé Manuel Lage Tuñas, PSOE


Antonio Rodríguez Miranda, PP


Elena Muñoz, conselleira de Facenda

En el debate de toma en consideración, el portavoz del PSdeG en materia de administración pública, José Manuel Lage, ha manifestado su rechazo tanto del fondo como de las formas de estas medidas y ha acusado a la mayoría parlamentaria, el PPdeG, de “aplicar el rodillo sin interés alguno en abrir cauces de diálogo”. “Vemos cómo se utiliza el Parlamento como un elemento decorativo”, ha reprochado.
Además, Lage ha considerado que el proyecto de ley enviado a la Cámara gallega es “una trampa” y se presenta sin informe del Consello Económico e Social y con una memoria económica que “no se corresponde” con el documento aprobado finalmente en el Consello de la Xunta, puesto que se introdujeron modificaciones respecto a la primera propuesta.
El portavoz del BNG en la materia, Alfredo Suárez Canal, ha calificado el proceso de “auténtico fraude de ley”, al afectar a las previsiones de los propios presupuestos de la Xunta para 2012, aprobados en hace dos meses. “La Xunta no tenía previsto cumplir los presupuestos”, ha acusado y ha considerado que la vía de lectura única “conculca derechos fundamentales que forman parte del ADN de la democracia”, como es dialogar y transaccionar este tipo de medidas.
Se trata, ha proseguido, de “una intolerable degradación de la función legislativa”, por lo que ha llamado a la Cámara a rechazar la medida “por dignidad”. Además, ha advertido al PP contra usar su mayoría absoluta como “poder absoluto” y ha acusado a la Xunta de tratar de “gobernar por decreto”. Durante la dictadura, ha añadido, se establecían estados de excepción; ahora la crisis está siendo utilizada “como disculpa para introducir la excepcionalidad”.
Por su parte, en nombre del PPdeG, Antonio Rodríguez Miranda ha defendido que la ley cumplía las premisas marcadas por el reglamento del Parlamento para recurrir a esta vía y, al igual que el portavoz del grupo, Pedro Puy, argumentó para explicar su oposición a que se retirase el punto del orden del día, el diputado citó un informe de los servicios jurídicos de la Cámara que consideraron correcta la fórmula.
Miranda ha valorado los ajustes de la Xunta y ha destacado que tienen carácter temporal y que se hacen con una “garantía de que se volverá al estatus inicial”. Así, ha negado que se vaya a producir un deterioro de los servicios públicos, pues “el compromiso de los funcionarios va a ser mayor”.

EMPEORAMIENTO DE LA ECONOMÍA

Antes del debate sobre las medidas, la conselleira de Facenda, Elena Muñoz Fonteriz, ha justificado el documento y los ajustes, que ha defendido como “necesarios, oportunos e imprescindibles”. Los objetivos, ha sostenido, son mantener los salarios de los empleados públicos, “blindar” la prestación de los servicios fundamentales y generar un ahorro que permita compensar la bajada prevista de ingresos este año.
Así, se ha referido a que en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de enero, el Gobierno central dio la instrucción de elaborar un plan de reequlibrio basado en una previsión de caída de la actividad económica del 0,5%. Muñoz ha señalado que la Xunta opta por buscar reducción de gastos en lugar de aumentar la presión fiscal. “Hay que hacer frente a la realidad, no negarla; ya sabemos las consecuencias de no tomar medidas a tiempo y cinco millones de parados dan testimonio”, ha señalado.
La titular de Facenda ha defendido que el Gobierno gallego debe tomar medidas “con rapidez y anticipando la bajada de ingresos” que se derivará de volver a la recesión este año y ha considerado que esto justifica tramitar la ley por lectura única. Así, respecto al ahorro, que la Xunta estima en unos 80 millones anuales con estas medidas, ha destacado que se incide sobre el capítulo de gasto de personal que supone el 40% del presupuesto, 3,615 millones este año.
Muñoz ha asegurado que la voluntad del departamento que dirige fue la de “negociar” con los sindicatos y ha lamentado que “se limitaron a pedir la devolución” del texto. En cualquier caso, ha subrayado que, aunque no hubo acuerdo con los trabajadores, el Gobierno introdujo por iniciativa propia cambios que hacen de las medidas gallegas “las más favorables” de entre las aplicadas por las comunidades.
Entre las medidas, está que el complemento en caso de baja se reducirá, por contingencias comunes que no conlleven hospitalización o cirugía hasta el 50% en la primera baja, a un 40% en la segunda y no se aportará en la tercera o posteriores –dentro de un mismo año–. Además, la Xunta podrá decicir una rebaja de hasta un tercio de la jornada, con el consiguiente descenso en el suelo, de los interinos y temporales, una propuesta que el voluntaria para funcionarios y laborales fijos.

“GOBIERNO INDOLENTE”

El representante del BNG ha considerado que la adopción de estas medidas confirma el “fracaso clamoroso” del Gobierno gallego y se ha preguntado si no es momento de plantear que el recorte necesario es el de los salarios de los gobernantes, pues fueron “incapaces” de modificar la situación económica.
“Hay alternativas”, ha afirmado y ha insistido en propuestas como la supresión de las delegaciones territoriales. La ley, ha censurado, modifica los presupuestos, “cercena derechos básicos de los empleados públicos”, provoca una “precarización” del empleo e “impulsa” la contratación de seguros privados. “Es escandaloso”, ha clamado y ha acusado al Gobierno de permanecer “indolente” y recurrir a “mecanismos de excepcionalidad”.
Lage, por su parte, ha denunciado que las medidas suponen “incumplir de cabo a rabo” el programa electoral del PP para las autonómicas. “Nos proponen dinamitar los servicios públicos”, ha censurado y ha acusado a la Xunta de dirigirse por un proyecto ideológico para “reducir” las prestaciones básicas hasta “la beneficencia”.

En la primera parte del pleno, y tras advertir a los asistentes a retirar una pancarta, la presidenta, Pilar Rojo, ordenó el desalojo de la tribuna de invitados, ocupada en su totalidad por dirigentes sindicales y liberados de los distintos comités de empresa, que se sumaron a la concentración que se mantiene en el exterior

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