La UE firma el ACTA

La Unión Europea y 22 de sus estados miembros, entre ellos España, firman en Japón el tratado internacional antipiratería ‘ACTA’, un acuerdo comercial para combatir el tráfico de falsificaciones y la violación de la propiedad intelectual. La firma del tratado por parte de la UE debe ser ratificada por el Parlamento Europeo en junio.

El tratado ACTA fue suscrito, el año pasado, por Estados Unidos, uno de sus principales impulsores, además de Canadá, Australia, Japón, Corea del Sur y Nueva Zelanda, entre otros países. Este acuerdo comercial propone aplicar distintas medidas por parte de los estados que lo apoyan para luchar contra el comercio de falsificaciones y la distribución sin licencia de material protegido por derechos de autor. Ahora ha sido firmado en Japón por la Unión Europea y 22 de sus estados miembros, entre ellos España. En Europa, Holanda, Chipre, Eslovaquia, Estonia y Alemania figuran entre los países europeos que no lo han suscrito. Según la UE, en los casos de Chipre, Estonia y Eslovaquia se trata de un simple retraso por razones de procedimiento.

ACTA diseña nuevas sanciones penales para obligar a los proveedores de internet a vigilar los contenidos enla red, lo que supondría, según sus oponentes, una merma en la libertad de expresión y un incremento de la inseguridad jurídica ya que autoriza a los titulares de derechos a obtener información sobre los infractores en la Red por parte de los operadores. No se trata de un artículo de obligado cumplimiento, pero es visto como una amenaza clara y la introducción de un sistema de control que evitaría el camino judicial. Las autoridades europeas han asegurado que en la UE cualquier fórmula de persecución de la infracción se dará por la vía judicial.

El tratado apela a la colaboración entre las industrias de contenido y las de internet y diseña un marco donde sería posible una actuación privada sin necesidad de acudir a la policía (para la vigilancia y recolección de pruebas) o a los tribunales para la represión de las conductas consideradas delictivas. El tratado prevé sanciones civiles, por daños y perjuicios a los intermediarios de Internet, aunque no se especifica su cuantía.

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