Los jueces piden explicaciones al Gobierno por el indulto a Sáenz

El Gobierno en funciones indulta al consejero delegado del Santander, condenado a 3 meses de prisión e inhabilitación por un delito de acusación falsa a sabiendas.

EP|Las principales asociaciones de jueces han recordado este viernes que la concesión del indulto es una «medida unilateral» que puede aplicar el Gobierno y han emplazado a explicar los motivos por los que se ha conmutado la pena de prisión y la suspensión del ejercicio profesional por la multa al consejero delegado del Grupo Santander, Alfredo Sáenz. La asociación de Jueces para la Democracia (JpD) ha advertido de que la concesión del indulto a Sáenz debe contraer «responsabilidades políticas», por las que el Gobierno deberá explicar las razones que le han llevado a conmutar la pena de prisión y de inhabilitación por la multa máxima aplicable a este caso.

El portavoz, José Luis Ramírez, ha mostrado el desacuerdo de su asociación con la Ley de Indulto, que data de 1870 y otorga al Ejecutivo «una facultad que puede interferir» en decisiones ajustadas a Derecho. En su opinión, no parece «razonable» la concesión en el caso de Sáenz cuando en otros supuestos se otorga de manera «muy restrictiva». A su juicio, se trata de una norma «cuestionable» por la que, «sin motivación y sin conocer las razones, una persona condenada deja de serlo». «La discrecionalidad puede convertirse en arbitrariedad», ha añadido.

«Un derecho de gracia»

El portavoz de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, José Luis Armengol, ha advertido por su parte al Ejecutivo en funciones de que, con el indulto, «se ha puesto el listón muy alto». Ha destacado que se trata de una situación en la que, dentro de un sistema de división de poderes ha existido «una inmersión del Ejecutivo respecto a lo que ha dicho el judicial», en referencia al dictamen negativo emitido por el Tribunal Supremo sobre el caso de Alfredo Sáenz. «Esperemos que se aplique con el mismo criterio a cualquier tipo de persona», ha agregado Armengol en declaraciones a Europa Press. Por su parte, el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Pablo Llarena, ha recordado que el indulto es «una medida unilateral y un derecho de gracia que sólo le corresponde aplicar al Gobierno» y que ha adoptado con «el criterio en contra» del Tribunal Supremo y después de que la Audiencia Provincial de Barcelona dictara su condena. «Nosotros no podemos hacer una valoración ni positiva ni negativa. El ordenamiento jurídico reconoce al Gobierno la potestad de conmutar una pena en determinadas circunstancias y en este caso se trata de una persona con una trayectoria importante dentro del mundo financiero y empresarial», ha dicho Llarena.

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes conceder el indulto a Alfredo Sáenz de la condena a tres meses de prisión e inhabilitación por un delito de acusación falsa cometido en 1994 contra unos acreedores de Banesto cuando era presidente de la entidad.

 

El Gobierno en funciones indulta al consejero delegado del Santander

Condenado a 3 meses de prisión e inhabilitación por un delito de acusación falsa a sabiendas, cometido en 1994 contra unos acreedores de Banesto cuando era presidente de la entidad.

EP|El Consejo de Ministros ha aprobado conceder el indulto al consejero delegado del Grupo Santander, Alfredo Sáenz, de la condena a tres meses de prisión e inhabilitación por un delito de acusación falsa cometido en 1994 contra unos acreedores de Banesto cuando era presidente de la entidad.

El Gobierno en funciones tras las elecciones generales del 20-N, a petición del Ministerio de Justicia, ha decidido otorgar un indulto parcial a Sáenz, por lo que le exime de la condena de cárcel, inhabilitación y multa impuesta por el Supremo.

El indulto contaba con el informe favorable del Ministerio Fiscal y desfavorable por parte del Tribunal Supremo. El Gobierno también ha indultado a los otros dos condenados en la causa el antiguo director de Banesto en Cataluña Miguel Ángel Calama y el abogado Rafael Jiménez de Parga, condenados a la misma pena.

El Ministerio de Justicia anunció en un comunicado «la concesión de este indulto parcial, derivado de unos hechos acaecidos hace 17 años y conmuta la pena impuesta de arresto mayor y la accesoria de suspensión de ejercicio profesional por la multa máxima prevista en la legislación aplicable al caso».

De esta forma, el consejero delegado del Santander seguirá cumpliendo los requisitos de «honorabilidad» que exige el Banco de España para los ejecutivos del sector financiero, recogidos en el Real Decreto 1245/1995, de 14 de julio, sobre Creación de Bancos y Régimen Jurídico de las Entidades de Crédito.

NO REVELA SI EL PP ESTABA AL TANTO

El Ministro de Fomento en funciones, José Blanco, afirmó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros desconocer si el Partido Popular (PP) tenía conocimiento de esta decisión.

«No se informa de las deliberaciones del Consejo de Ministros, así que la argumentación jurídica se hará a través de una nota del Ministerio de Justicia», insistió Blanco, quien señaló que el indulto se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en los próximos días.

El pasado mes de febrero, el ejecutivo de la entidad cántabra y los otros dos condenados formularon su petición de indulto, tras conocer la sentencia condenatoria, y presentaron un recurso de ampara ante el Tribunal Constitucional, pendiente de resolución.

El 2 de septiembre de 2011, la Audiencia Provincial de Barcelona suspendió la ejecución de la sentencia hasta la resolución de estas dos decisiones. Sin embargo, el tribunal rechazó la solicitud de no inscribir la sentencia condenatoria en el Registro Central de Penados y Rebeldes para evitar que figuren antecedentes penales, decisión que depende del Banco de España.

Sáenz llegó a la presidencia de Banesto a principios de 1994, después de que la entidad fuera intervenida en diciembre de 2003 por el Banco de España, y emprendió una estrategia de recuperación de créditos impagados con el objetivo de sanear la entidad.

Esta situación condujo al banco a presentar una querella contra los accionistas del grupo Harry Walker Pedro Olabarría, los hermanos Fernando y José Ignacio Romero García y Modesto González, por el impago de una deuda al banco de más de 600 millones de pesetas (3,6 millones de euros). Los tres fueron encarcelados por el juez Luis Pascual Estevill, que posteriormente fue condenado por prevaricación y detención ilegal.

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