El PSOE bloquea la comparecencia de Blanco en el Congreso

La Mesa de la Diputación Permanente del Congreso decide con los votos socialistas impedir la comparecencia solicitada por el PP del ministro de Fomento, José Blanco, xplicase en sede parlamentaria su vinculación al “caso Campeó, tras las acusaciones realizadas por el empresario lugúes Dorribo, que lo asocian con una presunta trama de comisiones ilegales en Galicia. Tras la reunión, la dirigente popular Ana Pastor ha censurado que el Grupo Socialista «ha vetado» la comparecencia de Blanco.

BNG e IU han solicitado también la presencia en la Cámara Baja de la ministra de Defensa, Carme Chacón y de la vicepresidenta económica del Gobierno, Elena Salgado, peticiones que también han recibido el voto en contra de los socialistas. Ambos partidos querían que la vicepresidenta informase de las indemnizacionse millonarias a directivos de cajas y de ahorro y que la titular de defensa explicase la participación española en el escudo antimisiles de la OTAN.

El PSOE argumenta que, con las Cortes disueltas, el Parlamento no tiene capacidad para ejercer la labor de control al Ejecutivo. Los socialistas han ejercido la mayoría con la que cuenta en la Mesa de la Diputación Permanente -tres votos frente a dos del PP- para rechazar la admisión de las solicitudes.

El argumento utilizado es el mismo que en las ocasiones precedentes, aunque ahora se hayan cambiado los rostros y las siglas: La Diputación Permanente, que es el único órgano que permanece vivo en este periodo de Cortes disueltas, no tiene capacidad legal para asumir la labor de control parlamentario; sólo se le reconoce funciones de aprobación de decretos ley o de declaraciones de estado de sitio o alarma.

De hecho, no hay precedentes recientes de comparecencias del Gobierno ante la Diputación Permanente del Congreso en periodos de disolución. La única excepción se remonta a octubre de 1982, hace casi treinta años, cuando el entonces ministro de Defensa (Alberto Oliart, expresidente de RTVE) acudió a la Cámara por voluntad propia para informar de la intentona golpista en la «Operación Galaxia».

Se trata del mismo argumento que se utilizó a principios de 2004, aunque entonces los dos grandes partidos intercambiaron los papeles. En aquella ocasión el PP, ahora peticionario de una de las comparecencias, vetó las peticiones del PSOE y de otros grupos de la oposición para que el entonces presidente José María Aznar informase antes de las elecciones del 14 de marzo de los motivos de la guerra de Irak y la inexistencia de armas de destrucción masiva. Es una iniciativa «extemporánea, inconstitucional y antirreglamentaria», argumentaba el entonces portavoz del Grupo Popular, Luis De Grandes.

La Diputación Permanente tiene «tasados» sus cometidos, apostillaba Eduardo Zaplana, en ese momento ministro Portavoz, quien recordaba que desde 1982 hubo acontecimientos posteriores de «gran trascendencia», entre los que citó la existencia de los GAL, que nunca llegaron a provocar la reunión de la Diputación Permanente. El PSOE, que ahora rechaza aceptar comparecencias, defendía en 2004 la legalidad del control parlamentario al Gobierno con las Cortes disueltas. Su entonces portavoz en la Comisión Constitucional, Diego López Garrido, defendía que la Carta Magna, en su artículo 78 (puntos dos y tres), determina que la Diputación Permanente está para velar por los poderes de las Cámaras cuando éstas no están reunidas, y que en caso de disolución «seguirán ejerciendo sus funciones» hasta que se constituyan las nuevas Cortes Generales.

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